La iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, presentada el 9 de septiembre, contempla medidas que son incompatibles con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en Internet.
El artículo 30-B contempla la facultad de solicitar a plataformas de servicios digitales el acceso permanente, irrestricto y en tiempo real a toda “información relacionada con las operaciones de los servicios digitales que proporcionen”. Además, se establece la posibilidad del bloqueo temporal del acceso al servicio digital, a partir de los criterios y sistemas desarrollados por la Secretaría de Administración Tributaria y la Agencia de Transformación Digital, quien también podrá participar en el análisis de los datos que sean proporcionados por las empresas.
La propuesta de reforma es inconstitucional porque establece una medida que restringe, de manera vaga y ambigua, el derecho a la privacidad, al habilitar la posibilidad de acceder a “información relacionada” con la prestación de servicios sin más. Literalmente, el párrafo primero del artículo 30-B da la facultad de pedir cualquier información en control de las plataformas digitales -como aquella relacionada con las personas usuarias-, sin ningún criterio que justifique la invasión a su privacidad.
En segundo lugar, la medida es desproporcionada porque permite una invasión total, permanente y en tiempo real, sin ninguna salvaguarda o control judicial, tal como debería exigirse para acceder a información protegida por el marco de protección de datos personales en manos de sujetos obligados y de particulares. Esta medida desaparece, en la práctica, la protección jurídica del derecho a la privacidad y las obligaciones en materia de protección de datos personales.
Lo anterior ocurre en un contexto donde las violaciones a la privacidad por parte del Estado son una práctica e intencionalidad sostenida que hemos advertido y documentado durante este sexenio. Basta recordar las recientemente aprobadas leyes en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Seguridad Pública, de Investigación e Inteligencia, de Población, de Desaparición Forzada y de Guardia Nacional que establecen una arquitectura permisiva de vigilancia estatal sin garantías mínimas de protección a los derechos humanos.
Igualmente, la sanción contemplada por dicho artículo –el bloqueo de plataformas digitales– es incompatible con el derecho a la libertad de expresión en Internet y habilita una medida de censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El bloqueo de páginas, plataformas y servicios, aún cuando sea temporal, es considerado una medida extrema similar a la del cierre de una televisora o un periódico y está únicamente justificado para los casos más extremos en los que se trate de evitar la difusión de contenidos de abuso sexual infantil o la incitación al genocidio.
Es preciso recordar que esta propuesta de censura previa repite los vicios del polémico artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones, ampliamente rechazado por personas expertas, sociedad civil y ciudadanía en general. A pesar de que dicho artículo fue retirado de la redacción final de dicha ley, el actual artículo 30-B del Código Fiscal busca establecer nuevamente esta medida de censura incompatible con nuestro marco constitucional y convencional. El gobierno federal debe resistir la tentación de implementar medidas de censura previa, disfrazadas bajo argumentos de eficiencia fiscal.
La consolidación de un poder de vigilancia y de censura previa para las autoridades, sin controles ni supervisión judicial, es una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático.
Hacemos un llamado al Congreso a no aprobar la reforma al Código Fiscal en los términos planteados y a retirar las facultades amplias del artículo 30-B, ya que la excesiva intrusión que pretenden las autoridades pone en grave riesgo a la privacidad de millones en México. Las medidas que aseguren una debida tributación de los servicios digitales no deben pasar por encima de los derechos humanos.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
