Las medidas impuestas en contra del periodista Jorge Luis González y el medio Tribuna han puesto en evidencia los abusos del poder político en Campeche para restringir la libertad de expresión en línea, con decisiones que validan la censura previa y profundizan el ambiente hostil para la crítica y el disenso.
A mediados de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso a Jorge Luis González, bajo los delitos de incitación al odio y a la violencia, por una demanda interpuesta por la gobernadora Layda Sansores. La jueza ordenó el cierre del medio Tribuna y prohibió al periodista ejercer su profesión. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la postura de la gobernadora Sansores, señalando que “es un caso de violencia contra las mujeres”.
Posteriormente, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May ordenó la imposición de un censor judicial que revise los contenidos del periódico relacionados con la gobernadora previo a su publicación –lo que constituye una medida de censura previa–, así como vigilar las publicaciones del periodista.
El 31 de julio, en respuesta al recurso de revocación presentado por el medio Tribuna, la jueza Edelmira Jaqueline Cervera ordenó la entrega de los datos del community manager del periódico digital, a fin de imponer un censor judicial en los días previos a la presentación del Cuarto Informe de Gobierno de Sansores.
“Es completamente contrario a la Constitución, particularmente al artículo séptimo que prohíbe la censura previa. Este es un estándar elemental en el régimen de derechos humanos a nivel internacional, a nivel regional y por supuesto a nivel nacional. Entonces, esta resolución de medidas cautelares está dando en el corazón de la libertad de expresión y por lo tanto de cualquier sistema democrático; y se acerca más a una resolución propia de un tribunal sujeto a un régimen autoritario”, explicó Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, al medio Animal Político.
Desafortunadamente, las denuncias por parte de autoridades estatales para restringir la libertad de expresión en Campeche no parecen haberse frenado. A inicios de agosto, tres comunicadores locales fueron obligados a emitir disculpas públicas hacia la gobernadora, después de que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche consideró que ejercieron violencia política en razón de género.
Campeche es un caso paradigmático sobre el uso de figuras legales ambiguas con la finalidad última de censurar, una situación que lamentablemente se está esparciendo en el país con la creación de nuevos tipos penales, como el delito de ciberasedio en Puebla, o con sanciones desproporcionadas por parte de autoridades electorales, como el caso de Karla María Estrella.
Resulta preocupante el incremento de casos donde las autoridades recurren a estas estrategias jurídicas para acallar las voces críticas y criminalizar el periodismo. Estas sanciones limitan el debate público y el espacio democrático, además de reducir considerablemente la exigencia de rendición de cuentas a quienes ostentan el poder, por miedo a represalias o sanciones. Campeche es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las autoridades judiciales actúan en complicidad con el poder, y no como un contrapeso, al grado incluso de atropellar la propia Constitución.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
