“Es imposible que la privacidad, la protección de datos y el acceso sin discriminación a tecnologías se respeten si se mantiene el registro de usuarios de telefonía móvil”, indicó Vladimir Chorny, investigador de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante su participación en el último conversatorio en el Senado acerca de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En su intervención, Chorny señaló que puntualizó que el derecho de las personas usuarias a la protección de sus datos personales es anulado en la práctica por las disposiciones que crean el registro de usuarios de telefonía móvil y por las disposiciones sobre colaboración en materia de seguridad y justicia. Por tanto, consideró que la iniciativa debe corregirse para respetar los derechos humanos y no limitarse “a cambiar solo aquellas partes que han generado polémica o se han usado para presionar políticamente al gobierno”.
“Hemos demostrado que el registro de usuarios termina siendo un arma que sujeta estos derechos a actos de corrupción, venta de bases de datos o medidas que son incompatibles con la Constitución. Por eso, la Suprema Corte declaró inconstitucional al PANAUT en el 2022, lo que debería ser razón suficiente para eliminarlo”, recalcó ante las y los senadores.
Así mismo, Chorny instó al Congreso a convocar a un proceso de creación de una ley de servicios y mercados digitales, para así “recuperar la soberanía digital del país y crear un marco democrático de responsabilidades a plataformas que establezca deberes de protección de datos, transparencia y transparencia algorítmica, debido proceso y rendición de cuentas, así como las medidas antimonopólicas, de competencia y desconcentración que permitan sujetar el modelo de negocios de las plataformas al respeto de los derechos humanos”.
Por último, el representante de R3D pidió al Legislativo contar con el tiempo y los espacios para realizar las correcciones que aún son necesarias en la ley, garantizar el respeto de los derechos reconocidos en ella, y no apresurar su aprobación ni decidir unilateralmente qué artículos se quitan y cuáles no.
“Es fundamental no tomar nuestras participaciones de manera instrumental, sino transitar a un espacio de mesas de trabajo donde podamos lograr los consensos necesarios y corregir la iniciativa. Entendemos el interés legítimo del gobierno de legislar en defensa de los intereses nacionales y de cumplir un mandato constitucional, pero este interés no debe pasar por encima de los derechos, ni desplazar la condición democrática que toda legislación debería tener”, sentenció.
