El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia (en adelante, “los Lineamientos”) para reincorporar la obligación de concesionarias y autorizadas de generar y conservar un registro de los requerimientos de localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados por un periodo de 24 meses, así como de enviar un informe semestral al IFT.
Esta modificación, publicada el pasado 7 de febrero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, favorece la transparencia y rendición de cuentas al recuperar la obligación para las empresas de telecomunicaciones de reportar información estadística referente al número de solicitudes de colaboración con autoridades para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso a datos conservados y la geolocalización en tiempo real.
La medida, que se encontraba vigente en los años 2016 y 2017, fue eliminada sin justificación por el IFT en 2018. Durante el periodo en que estos informes fueron reportados, la información fue esencial para documentar las inconsistencias entre los datos proporcionados por las autoridades en respuesta a solicitudes de acceso a la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la reportada por el Poder Judicial, con la publicada por las concesionarias en materia de telecomunicaciones.
El registro también deberá desglosar, además de la cantidad de requerimientos recibidos, el número de veces que se realizaron con o sin autorización judicial previa y, en su caso, las ocasiones en que no fue recibida por el concesionario o autorizado. Una de las salvaguardas fundamentales para inhibir los riesgos de abuso de las medidas de vigilancia encubierta es la exigencia de un control judicial previo. A partir de los datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información entre 2016 y 2019, se ha detectado que, en la práctica, la regla es la elusión del control judicial.
Así mismo, reconocemos la claridad en la exigencia de un control judicial federal previo, adecuando los Lineamientos al marco jurídico vigente, así como la incorporación de la salvaguarda de supervisión independiente, al establecer que el IFT enviará un informe a “las Autoridades Supervisoras” con información derivada del informe semestral que presenten los concesionarios y autorizados.
Finalmente, el informe semestral se publicará en el portal de internet del IFT, en la parte de reportes estadísticos, con la finalidad de que cualquier persona tenga conocimiento sobre la cantidad de requerimientos de acceso a localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados que realizan las autoridades.
La modificación de los Lineamientos representa un avance fundamental en temas de transparencia respecto de medidas de vigilancia de comunicaciones y demuestra la contribución de organismos autónomos como el IFT, próximos a desaparecer, en generar herramientas para el control social de la función pública. Las modificaciones son un paso adelante para poder evaluar, con base en evidencia, si los objetivos de interés público que frecuentemente son aludidos para justificar la vigilancia de comunicaciones son conseguidos o si en el despliegue de este tipo de medidas existen actos de corrupción o inadecuados controles frente a potenciales abusos.
