La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (RELE-CIDH) ha lanzado su informe temático Inclusión digital y gobernanza de contenidos en Internet, con la finalidad de proponer un marco que fomente y respeto los estándares internacionales de derechos humanos en la moderación de contenidos en línea.
Para la elaboración de este documento, la Relatoría Especial se ha nutrido de los comentarios realizados por Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado, así como los integrantes del Comité Ad Hoc del Diálogo de las Américas sobre libertad de expresión en Internet, en el que participó R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Otro de los insumos retomados en particular fue el informe La moderación de contenidos desde una perspectiva interamericana, elaborado por R3D y el consorcio Al Sur; del cual, por ejemplo, la RELE-CIDH reconoce que la moderación de contenidos a gran escala suele darse a través de soluciones técnicas, las cuales pueden resultar en la eliminación de contenidos protegidos por la libertad de expresión, ya que los sistemas automatizados no son capaces de identificar matices y contextos de las expresiones.
En otro apartado, la RELE-CIDH señala que “las presiones desde algunos actores de la sociedad civil y la ciudadanía para responsabilizar a las grandes plataformas por su capacidad de difundir y amplificar contenidos que pueden ser calificados como ilícitos han motivado propuestas regulatorias para flexibilizar el régimen de responsabilidad o adoptar mecanismos de notificación y retirada”, pese a que estas regulaciones son inadecuadas e incompatibles con estándares de derechos humanos.
En sus recomendaciones sobre gobernanza de contenidos, la Relatoría exhortó a los Estados “abstenerse de disposiciones de derecho interno que determinen responsabilidad a los intermediarios por la circulación de contenidos en sus plataformas”, así como establecer mecanismos de transparencia sobre las solicitudes de remoción de contenidos que provengan del Estado.
De igual manera, la RELE consideró que los Estados deben capacitar a los operadores de justicia sobre el alcance y las particularidades del ejercicio de la libertad de expresión en línea; asegurarse de que sus iniciativas de regulación para las plataformas digitales consideren los estándares internacionales de derechos humanos; y promover las iniciativas independientes para evaluar e identificar las mejores prácticas sobre gobernanza.
