Un tribunal federal en Estados Unidos declaró que el gobierno debe obtener una orden judicial, basada en una causa probable, antes de registrar los dispositivos electrónicos de las personas que viajan por la frontera, informó el Instituto Knight sobre la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia.
La sentencia se dio luego del caso de Kurbonali Sultanov, quien fue detenido para ser interrogado en el aeropuerto John F. Kennedy en marzo de 2022. Al principio, Sultanov se negó a facilitar la contraseña de su teléfono móvil, pero accedió cuando los agentes le dijeron que no tenía otra opción. Debido a esto, Kurbonall solicitó se suprimieran las pruebas obtenidas en el registro de su teléfono móvil.
Con este caso en puerta, el Instituto Knight y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa presentaron un amicus curiae, argumentando que los registros sin orden judicial de los teléfonos de los viajeros violan la protección de la Primera Enmienda de las libertades de prensa, expresión y asociación, así como la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.
Un caso similar se dio en Boston en 2019, donde una Corte Federal determinó que las revisiones arbitrarias a dispositivos de viajeros eran inconstitucionales, estipulando que ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían registrar o apoderarse de los dispositivos de viajeros fuera de sus atribuciones de las leyes de inmigración y aduanas.
“Como reconoce el tribunal, los registros sin orden judicial de los dispositivos electrónicos en la frontera son una intrusión injustificada en las expresiones privadas, las asociaciones personales y las actividades periodísticas de los viajeros, actividades que la Primera y la Cuarta Enmienda se diseñaron para proteger”, afirmó Scott Wilkens, abogado principal del Instituto Knight.
El tribunal sostuvo que los registros fronterizos de dispositivos electrónicos vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. Además, la autoridad judicial afirmó que estos registros muchas veces entorpecen las comunicaciones entre los periodistas y sus fuentes.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
