Fareed Shaheed, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, ha recomendado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “se abstengan de la vigilancia, ya sea física o en línea, de las instituciones educativas, personal educativo y estudiantes, y prohibir las tecnologías de reconocimiento facial en dichas instituciones”, señala el borrador avanzado de su informe sobre libertad académica.
Este reporte de la Relatoría, discutido durante la sesión ordinaria 56 del Consejo de Derechos Humanos, aborda la vigilancia en las instituciones educativas como uno de los desafíos actuales para la libertad académica, lo que promueve “una penetrante atmósfera de intimidación” en estos espacios.
El informe asegura que, a raíz de la pandemia por COVID-19 de 2020, la vigilancia digital en instituciones educativas ha ido en incremento, con mecanismos como el monitoreo de redes sociales, aplicaciones para envío de denuncias anónimas o el escaneo de contenidos digitales privados que utilizan dispositivos o cuentas pagadas por el Estado.
Además, otros reportes indican la presencia de cámaras que han sido desplegadas en planteles educativos en diversos países, a veces (pero no necesariamente) con el consentimiento de los padres de familia, con una tendencia a instalarlas en salones de clase y con capacidades de reconocimiento facial.
El reporte menciona que estas cámaras de videovigilancia son, a menudo, justificadas como una forma de prevenir abusos, aumentar la seguridad o para evaluar el desempeño de profesores y estudiantado. Sin embargo, la Relatora considera que estas imágenes pueden ser sacadas de contexto para hostigar a docentes y alumnado, y que “la educación debe estar basada en confianza y las instituciones educativas deben permanecer como espacios seguros para la libre expresión”.
Tal como reconoce el informe de la Relatoría Especial, el despliegue de tecnologías de vigilancia en planteles educativos, especialmente con reconocimiento facial, se está haciendo más común. No obstante, existen esfuerzos que cuestionan la narrativa de los supuestos beneficios que tienen estos sistemas, supuestamente para mejorar la seguridad de las escuelas.
Una muestra de esta resistencia es el estado de Nueva York, donde se ha prohibido el uso de tecnologías con reconocimiento facial en las escuelas, luego de que un informe concluyera que los riesgos de la videovigilancia en un entorno educativo pueden ser mayores que los beneficios.
“Las escuelas deberían ser lugares seguros para aprender y crecer, no espacios donde sean constantemente escaneados y monitoreados, con su información más sensible en riesgo”, mencionó Stefanie Coyle, subdirectora del Centro de Política Educativa de NYCLU, ante la prohibición por parte del estado de Nueva York.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
