Una nueva investigación llevada a cabo por +972 Magazine, Local Call y The Guardian revela cómo altos cargos del gobierno y de los departamentos de seguridad israelíes han realizado una operación de vigilancia, por casi una década, dirigida contra la Corte Penal Internacional (CPI). 

La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves a nivel internacional, como pueden ser actos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esta instancia actualmente llevaba a cabo una investigación en contra de Israel sobre presuntos crímenes de guerra. 

El reportaje da cuenta que, además de los altos funcionarios que fueron objetivo de vigilancia ilegal, el gobierno israelí también espió a defensores de los derechos humanos palestinos en el marco de una operación secreta para frustrar la investigación de la CPI. La operación multiagencia, que según el documento se remonta a 2015, ha vigilado rutinariamente al actual fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, a su predecesora Fatou Bensouda, y a docenas de funcionarios de la CPI y de las Naciones Unidas.

Toda la información obtenida de esta vigilancia se transmitió a un grupo de abogados que viajaron a La Haya para mantener reuniones confidenciales con funcionarios de la CPI, en un intento por “suministrar información que le hiciera (a la antigua fiscal en jefe) dudar de la base de su derecho a ocuparse de esta cuestión”, ya que la investigación también documenta cómo la agencia de inteligencia exterior israelí, dirigió su propia operación paralela para buscar información comprometedora sobre Bensouda y sus familiares cercanos. 

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Israel utiliza herramientas sofisticadas de vigilancia para espiar ilegalmente a figuras de la esfera política y activistas locales. En 2020, otra investigación de The Guardian, informó que la Policía de Israel habría utilizado ilegalmente el malware Pegasus, para llevar a cabo estrategias de vigilancia contra personajes políticos, activistas e incluso extrabajadores del propio gobierno.

Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino