Las medidas tecnológicas de protección, también conocidas como candados digitales, son mecanismos que fueron originalmente creados por la industria del entretenimiento para intentar impedir la piratería, al obstaculizar que las personas usuarias hagan copias no autorizadas de películas, videojuegos, música o contenidos distribuídos en CD o DVD.

Bajo esta lógica, para evitar que una persona que compra un DVD haga copias de una obra y las difunda ilegalmente, el disco tiene un candado digital para que solamente los dispositivos autorizados puedan reproducir el contenido. Sin embargo, acceder y copiar una obra protegida por derechos de autor que adquiriste legalmente es, en muchos casos, completamente legal. 

El derecho de autor reconoce excepciones y limitaciones como el derecho de hacer una copia privada de obras adquiridas legalmente; el derecho de archivos y bibliotecas para hacer una copia para fines de preservación en ciertas circunstancias; o el derecho a reproducir —sin tener que pedir permiso ni remunerar a los titulares de derechos de autor— fragmentos de una obra para fines de crítica, investigación o razones de interés público.

A pesar de estas excepciones y limitaciones, en 2020, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Ley de Derechos de Autor que hizo ilegal (y en algunos casos, hasta delito) la “elusión de medidas tecnológicas de protección”, así como desarrollar y difundir herramientas e información que permita eludir estos candados.

Esto significa que aunque acceder, copiar o reproducir una obra sea legal bajo alguna excepción o limitación al derecho de autor, si para hacerlo es necesario eludir un candado digital, en la práctica se anula el ejercicio de estos derechos.

Además, los candados digitales no se limitan a contenidos digitales, sino que también afectan cómo podemos usar, modificar o reparar equipos y tecnologías que adquirimos legalmente. Los fabricantes protegen el software (que es considerado una “obra literaria” bajo el derecho de autor) para limitar y controlan lo que las personas podemos y no podemos hacer con los dispositivos de nuestra propiedad.

Estas prohibiciones tienen su origen en las leyes de Estados Unidos con la Digital Millenium Copyright Act o DMCA y, a través de tratados comerciales como el TMEC, se ha ido exportando a otros países. 

A lo largo de más de 25 años, se ha documentado que prohibir la elusión de candados digitales tiene impactos graves en los derechos humanos, limita la competencia y la innovación, eleva los costos para las personas usuarias de tecnología y fomenta el daño ambiental.

Por ejemplo, en 2009, la empresa desarrolladora de calculadoras Texas Instruments acosó judicialmente a un grupo de personas que compartían información sobre cómo modificar los dispositivos para instalar sus propias versiones del sistema operativo. Un caso similar ocurre con las compañías proveedoras de servicios de telefonía móvil, quienes se resistieron por años a permitir que las personas usuarias pudieran desbloquear sus teléfonos para usar una tarjeta SIM de cualquier compañía.

Otro caso emblemático se dio cuando la fabricante de impresoras Lexmark implementó un candado digital para evitar el uso de cartuchos de tinta rellenados. Un chip en el cartucho estimaba la duración de la tinta e indicaba a la impresora que dejara de funcionar aún si el consumible había sido rellenado. Lexmark incluso demandó a otra empresa, Static Control Components, que desarrolló otro chip para eludir el candado y permitir que los cartuchos fueran reutilizables.

Así mismo, hoy en día es cada vez más común que los fabricantes de tecnología nos vendan productos con funcionalidades que pueden ser restringidas remotamente por el fabricante mediante simples actualizaciones de software.

Sin ir más lejos, en noviembre de 2023, Microsoft canceló la compatibilidad de ciertos accesorios para la consola Xbox, para evitar que las personas usuarias pudieran utilizar controles de mando de otras marcas. Microsoft argumentó que fue por motivos de “desempeño y seguridad” y que “los dispositivos no autorizados pueden comprometer la experiencia de juego”. 

Los candados digitales también son utilizados para mantener monopolios y elevar costos de reparación. Por ejemplo, los fabricantes de vehículos frecuentemente utilizan candados digitales para evitar que los propietarios de automóviles o tractores instalen refacciones fabricadas por competidores, o para que el diagnóstico y reparación de los vehículos sea exclusivamente realizada por el propio fabricante y no por talleres de reparación independientes.

En Estados Unidos, los agricultores han librado una batalla legal con John Deere, fabricante de tractores, para poder realizar reparaciones por su cuenta. Después de presentar una demanda colectiva en 2022 para acusar que John Deere incurría en prácticas monopólicas al utilizar candados digitales y restringir el acceso a herramientas y documentos para reparar los tractores, la empresa finalmente llegó a un acuerdo para permitir la reparación independiente bajo ciertas condiciones.

Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino

Como muestran estos casos, prohibir la elusión de candados digitales, amenaza los derechos humanos, limita la competencia y la innovación, eleva los costos para las personas usuarias de tecnología, e incluso fomenta el daño ambiental, al incentivar la producción de basura electrónica, altamente tóxica para el medio ambiente, que amenaza la salud humana y animal.
En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un par de acciones de inconstitucionalidad en contra de estas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y el Código Penal Federal. La Corte tiene en sus manos la capacidad de establecer, como mínimo, que la elusión de candados digitales no es ilegal cuando impide el ejercicio de derechos o es necesaria para proteger el interés público.