El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá el próximo jueves 25 de enero los recursos de revisión en materia de seguridad nacional, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, acerca de la información relativa al caso Pegasus en posesión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En respuesta a solicitudes de acceso a la información realizadas a la UIF y la SHCP en 2021, la Secretaría de Hacienda respondió clasificando la información como reservada por cuestiones de seguridad nacional. Posteriormente, el INAI ordenó modificar la respuesta y pidió a las dependencias la entrega de la versión pública de la información solicitada (RRA 9556/2021 y 10001/2021). Sin embargo, la Consejería promovió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional (26/2021 y 27/2021) ante la Suprema Corte.
En vista de esta próxima discusión, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales ha enviado un memorándum a la SCJN para solicitar que se reconozca el interés público detrás de la información concerniente al caso Pegasus en la resolución de los recursos de revisión, así como pedirle a la Corte que reafirme que los principios de máxima publicidad e interés público deben primar sobre vagas consideraciones de seguridad nacional frente a la actual proliferación sin controles de tecnologías de vigilancia de las comunicaciones.
En nuestro memorándum, recordamos a la SCJN precedentes que establecen que el concepto de seguridad nacional no justifica reservas absolutas ni cancela la necesidad de realizar una prueba de daño en la que se pondere: 1) si existe un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional y 2) si no existe un interés público preponderante que justifique la divulgación de la información
En el caso de la información relacionada con el caso Pegasus, no se advierte, ni ha sido justificado por la SHCP, cómo el acceso a la información solicitada constituye un peligro para la seguridad nacional. Incluso, la información solicitada fue hecha del dominio público por el propio sujeto obligado y fue ampliamente difundida por medios de comunicación, sin que exista evidencia alguna de afectación a la seguridad nacional.
Así mismo, siguiendo el procedimiento específico que deben efectuar los sujetos obligados al llevar a cabo una prueba de daño, queda patente que el interés público de la divulgación de la información solicitada supera los inexistentes riesgos a la seguridad nacional.
Autoridades mexicanas, incluyendo el Presidente de la República en sus conferencias matutinas, han realizado reiteradas menciones públicas del caso Pegasus. En esta línea, la información solicitada derivó de diversos datos que el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, presentó sobre el “Caso Pegasus” en la conferencia de prensa del Presidente López Obrador del 21 de julio de 2021.
Además, la información que se clasificó como reservada guarda una clara conexión con información de alto interés público al estar relacionada con violaciones graves al derecho humano a la privacidad y actos de corrupción institucional.
Según la propia UIF, el actual gobierno se comprometió a emprender distintas líneas de investigación administrativas y penales contra servidores públicos a fin de esclarecer la posible evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción y destino de más de 32 millones de dólares empleados para adquirir Pegasus a través de empresas fachada. Por tanto, la difusión de la información solicitada ─de manera oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral─, permitirá transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas y el escrutinio ciudadano sobre el actuar de las autoridades en relación con dichos actos de corrupción.
Así mismo, investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil revelaron que personas defensoras de derechos humanos, periodistas e investigadores internacionales fueron espiadas con el malware Pegasus en momentos en que se encontraban reportando o investigando casos de corrupción y violaciones de derechos humanos perpetrados por el gobierno mexicano. También ha sido documentado que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) habían comprado este software.
Recientemente, la investigación Ejército Espía reveló nuevos casos de vigilancia atribuibles con un alto grado de certeza al Ejército Mexicano, tales como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el coordinador de la Comisión de la Verdad para la “Guerra Sucia”, Camilo Vicente Ovalle; una organización de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el defensor de los derechos humanos Raymundo Ramos, y dos periodistas.
Es por ello que la SCJN debe reconocer el interés público detrás de la información relacionada con el “caso Pegasus”, para asegurar que tanto la ciudadanía como las autoridades competentes a cargo de la investigación de actos de corrupción y de vigilancia ilegal en los que se ha utilizado dicho spyware tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los hechos denunciados y combatir la impunidad.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
