El Parlamento israelí ha aprobado una enmienda a la ley antiterrorista, que introduce el “consumo de material terrorista” como nuevo delito penal, castigándolo con una pena de hasta un año en prisión, informa Aljazeera. Para algunos grupos de derechos humanos, esto equivale a una “vigilancia del pensamiento”.
El proyecto de ley fue aprobado por mayoría y se contempla como una medida temporal de dos años que modifica el artículo 24 de la ley antiterrorista, la cual busca prohibir el “consumo sistemático e ininterrumpido de publicaciones de organizaciones terroristas en circunstancias que indiquen identificación con dichas organizaciones”.
Entre las organizaciones “terroristas” a las que se aplica este delito, se identifican al grupo palestino Hamás y al Estado Islámico (ISIS), aunque también se otorga al ministro de Justicia la autoridad para añadir más organizaciones a la lista, de acuerdo con el Ministerio de Defensa y con la aprobación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Knesset (Parlamento).
“Esta ley es una de las medidas legislativas más intrusivas y draconianas jamás aprobadas por la Knesset israelí, ya que castiga penalmente los pensamientos”, declaró Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel. Advirtió que la enmienda criminaliza “incluso el uso pasivo de las redes sociales”, en medio de un clima de vigilancia y restricciones de la libertad de expresión que afecta a las y los ciudadanos palestinos de Israel.
Desde que comenzó la guerra, la ciudadanía palestina de Israel han sido objeto de una campaña de detenciones nunca antes vista, por delitos relacionados con la expresión, en su mayoría por publicaciones realizadas en redes sociales. Decenas han sido suspendidos o expulsados de empleos, universidades y colegios.
Las publicaciones a las que se refiere la ley abarcan expresiones de elogio, apoyo o aliento a actos terroristas, llamados directos a cometer un acto de terrorismo, así como documentación de un acto de terrorismo, por lo que según la Asociación para los Derechos Civiles en Israel afirmó que esta “no tiene precedentes” en los países democráticos y que su ambigüedad deja en última instancia su interpretación a las autoridades encargadas de hacer cumplir esta nueva ley.
Estas restricciones en el consumo de contenidos también estarían ocurriendo en plataformas digitales. Por ejemplo, personas usuarias de Instagram han acusado a la red social de limitar el alcance de publicaciones de apoyo a Palestina con estrategias de degradación de alcance (shadow banning).
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
