Representantes de organizaciones que defienden derechos humanos y oficiales de la ONU hicieron un llamado a detener la venta y uso del malware Pegasus, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos con la tecnología de NSO Group.
La audiencia se llevó a cabo a dos meses de las revelaciones sobre el espionaje contra 35 personas en El Salvador, de las cuales 22 son integrantes del medio El Faro que en muchos casos ya contaban con medidas cautelares emitidas por la CIDH.
“No hay duda que el malware vendido para amenazas complejas de seguridad está siendo manipulado y utilizado contra los medios y la sociedad civil […] lo que está teniendo un efecto inhibitorio en la democracia”, aseguró el oficial senior de derechos humanos y tecnología de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Scott Campbell, durante la sesión.
El oficial también reiteró que el malware Pegasus debería dejar de ser vendido y utilizado hasta que existan “mejores” salvaguardas nacionales e internacionales.
La especialista de Amnistía Internacional Likhita Banerji también urgió al gobierno de El Salvador a implementar su propia moratoria inmediata sobre el uso de tecnología de vigilancia; su organización pidió al país a aprobar una legislación para limitar la vigilancia, además de requerir más supervisión y transparencia para las contrataciones y remedios para las víctimas del espionaje.
Durante su participación, el gobierno salvadoreño negó cualquier conocimiento del espionaje y aseguró que también algunos oficiales fueron objetivo de ataques con el malware; sin embargo, el investigador de Citizen Lab, John Scott Railton, señaló que no es raro que los mismos gobiernos espíen a sus propios integrantes.
El espionaje en El Salvador es uno de los últimos casos publicados de graves abusos cometidos con Pegasus, pero no es la excepción. Las revelaciones del Proyecto Pegasus han provocado que incluso el Parlamento Europeo propusiera la creación de un comité para investigarlo.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
