Más de una centena de organizaciones de la sociedad civil pedimos a la Organización de las Naciones Unidas que el proceso del Comité Ad Hoc para elaborar una convención internacional contra la ciberdelincuencia incluya en todas las etapas a la sociedad civil y contenga salvaguardas de los derechos humanos en sus disposiciones y procedimientos.
Entre el 17 al 28 de enero, se realizará la primera reunión de dicho Comité encargado de desarrollar una “convención internacional sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos”, la cual ha levantado las alarmas entre las organizaciones que defienden los derechos humanos tanto en el entorno digital, como fuera de línea.
Esto debido a que la sociedad civil alrededor del mundo y la misma ONU ha documentado, desde hace años, que las legislaciones y políticas que supuestamente son elaboradas con el objetivo de combatir la ciberdelincuencia permiten la persecución, vigilancia y castigo de activistas, personas defensoras de derechos humanos y manifestantes en muchos países, de manera contraria a la legislación internacional.
Si se elabora la Convención, su objetivo debe ser combatir el uso de “las tecnologías de información y las comunicaciones con fines delictivos”, pero sin poner en peligro los derechos fundamentales de las personas y garantizando su goce y ejercicio.
Un punto central que advertimos las organizaciones firmantes es la falta de consenso sobre cómo abordar la “ciberdelincuencia”, su comprensión o una definición común; por lo que una Convención con perspectiva de derechos humanos debe tener un ámbito reducido. No porque un delito pueda implicar el uso de tecnología, significa que deba ser incluido en este acuerdo.
Finalmente, pedimos explícitamente cualquier convenio debe contener y detallar sólidas salvaguardas procesales y de derechos humanos para regir las investigaciones penales, en marco del acuerdo; asimismo, debe garantizar que cualquier injerencia en derechos como la privacidad cumpla con los estándares internacionales — legalidad, necesidad y proporcionalidad —, incluso se debe exigir una autorización judicial independiente para aprobar las medidas de vigilancia.
“Existe un riesgo real de que, en un intento de atraer a todos los Estados para que firmen una propuesta de convención sobre ciberdelincuencia de la ONU, se dé cabida a las malas prácticas en materia de derechos humanos, lo que daría lugar a una carrera a la baja. Por lo tanto, es esencial que cualquier convención potencial refuerce explícitamente las salvaguardias procesales para proteger los derechos humanos y se resista a los atajos en torno a los acuerdos de asistencia mutua”, se advierte en la carta.
Puedes leer aquí completa la postura de más de 125 organizaciones y especialistas sobre el posible tratado sobre ciberdelincuencia de la ONU.
Crédito: (CC-BY) Gibrán Aquino
