El lunes pasado, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sostuvo en la conferencia de prensa mañanera que las supuestas filtraciones de información no pública en posesión del gobierno de la CDMX en el caso del colapso de la Línea 12 del Metro (que sirvió como parte de la información de la investigación realizada por el medio de comunicación The New York Times) eran algo cotidiano de la vida pública y la política, y que estos actos eran parte del derecho a disentir en el marco de libertades del país. Al ser cuestionado al respecto, señaló que:

Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido, ¿no? y es muy difícil que no haya fuga de información.


[…] hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa, se garantiza el derecho a disentir.

La declaración se dio en el contexto de los pronunciamientos hechos por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien había señalado que la información entregada a The New York Times no había sido filtrada por su gobierno. El Presidente explicó que:

[…] eso de las filtraciones pues es consustancial a la política y además no hay nada que ocultar, hay que hacer cada vez más pública la vida pública. Y ya cuando se tenga el dictamen, pues ya se da a conocer y se procede, tienen que intervenir, que está haciendo la investigación la fiscalía.

La supuesta filtración haría referencia al informe mencionado por The New York Times en su investigación, donde señala que el medio tuvo acceso a un informe interno de gobierno del año 2017, en donde se señalaban “fallas estructurales” en algunas secciones de la construcción original realizada por la empresa de Carlos Slim, además de indicar la falta de componentes de acero y la mala colación del concreto en ellas.

Desde R3D, coincidimos en que las filtraciones de información de interés público son fundamentales para la vida democrática del país y que deben entenderse como parte de un marco normativo más amplio relacionado con el debate público y la deliberación, que se apoya en los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión. Por esta razón es necesario contar con un marco regulativo que otorgue las protecciones necesarias a las personas alertadoras que realicen estas conductas bajo estas circunstancias.


Imagen de Javier Hidalgo (CC BY-NC-SA 2.0)