La regulación de plataformas digitales debe centrarse en fomentar mayor transparencia, rendición de cuentas, competencia y libertad de elección para las personas usuarias, consideró Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, durante su participación en el seminario “Moderación de contenidos y defensa de la libertad de expresión”, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

El director de R3D consideró que, en vez de buscar una regulación enfocada en los contenidos que pueda establecer medidas de censura, el Estado debe garantizar que las empresas tengan políticas consistentes con los derechos humanos, como la transparencia en notificación de estadísticas; notificaciones claras para las personas afectadas por las políticas de moderación, así como procesos de apelación adecuados que permitan un verdadero acceso a la justicia.

García también hizo hincapié en que se debe fomentar la competencia y combatir la concentración de poder de algunas empresas en Internet, con medidas como la separación de los servicios de alojamiento y de moderación de contenidos, o los de alojamiento y apelación. Asimismo, sugirió que entes autónomos ─de preferencia, no estatales─ sean quienes supervisen los procesos de moderación y apelación.

En este sentido coincidió Scott Campbell, Oficial de Tecnología y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien enumeró algunos de los estándares y medidas que deben cumplirse para moderar contenidos con respeto a los derechos humanos.

Las empresas deben implementar sistemas para notificar expresamente a las personas usuarias de las intervenciones sobre el contenido y ofrecer la posibilidad de revocar las decisiones, un aspecto clave para alcanzar la equidad procesal, señaló Campbell.

Finalmente, el director de R3D reiteró el llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones a emitir las reglas de la neutralidad de la red, en los términos que le mandata la ley, ya que su omisión durante los pasados siete años ha también fomentado la creación de barreras de salida y libertad en las elecciones de servicios para las y los usuarios.

Imagen de Marco Verch (CC BY 2.0)