América Móvil, empresa multinacional que opera Telcel en México, retrocedió un lugar en la edición 2020 del Índice de Responsabilidad Corporativa de Ranking Digital Rights, como el lugar 8 entre 12 empresas evaluadas por la organización, con una calificación de 22 por ciento.

El apartado peor evaluado por Ranking Digital Rights fue el de libertad de expresión, en el que solo obtuvo 6 por ciento de calificación, debido a que no divulgó prácticamente nada sobre políticas y prácticas que afecta los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información de las personas usuarias.

Entre los temas que no transparentó América Móvil se encuentran sus políticas sobre contenido publicitario y dirigido, cuando su política de privacidad explica que se construyen “perfiles” con objetivos publicitarios; demandas de censura, ya que no se sabe cómo responde a las demandas de la iniciativa privada y del gobierno para bloquear o restringir cuentas, ni cuántas veces ha empleado estos mecanismos, ni en qué casos.

El segundo apartado con peor calificación de la empresa fue el de privacidad, con 22 por ciento, nuevamente, la baja calificación se debió a la falta de suficiente información sobre procesos que afectan la privacidad y seguridad.

Algunos de los aspectos que afectaron esta calificación fueron la falta de apertura sobre qué tipo de información recolecta y comparte, la falta de compromiso para notificar a los usuarios cuando comparte sus datos con el gobierno y la falta de transparencia sobre cómo enfrenta vulnerabilidades en su seguridad.

Incluso en el apartado en el que obtuvo la mejor calificación; es decir, gobernanza, con 51 por ciento, se explica que carece de mecanismos para llevar a cabo debido proceso para evaluar el impacto de la compañía en los derechos humanos y su respeto, además, tampoco mostró evidencia de tener interacción profunda con partes interesadas en la defensa de los derechos humanos o que se hayan visto afectadas por la compañía.

Ranking Digital Rights recomienda a América Móvil incrementar la transparencia sobre cómo maneja las peticiones de autoridades para el bloqueo de contenido o restricción a usuario; además de abrir más información sobre la debida diligencia en derechos humanos y clarificar sus medidas de seguridad.


Imagen de Mike Fernandez (CC BY-NC-ND 2.0)