El dominio público es visto por muchos titulares de derechos como algo malo, que debe evitarse, cuando en realidad es uno de los momentos apoteósicos de la obra, en el que se vuelve parte de todas y todos, explicó Salvador Alcántar, abogado de Creative Commons México, durante el conversatorio “Desafíos legales del dominio público en México”, organizado por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Esta visión, que busca mantener términos de protección tan o más amplios que el de México —100 años tras la muerte del autor—, ha sido construida desde las corporaciones, la gran industria de la creatividad y el mercado, no como un guiño a las y los autores, ni sus sucesores, consideró Alcántar.
“En 100 años ya se nos olvidó quién era el autor, dónde estaba la obra; las guerras queman nuestros archivos, se pierden un montón de documentos, 100 años es muy pesado, hay maldiciones que duran menos”, reiteró el representante de Creative Commons México.
Estos plazos tan amplios de protección no se sustentan en la evidencia actual, señaló Luis Fernando García, director de R3D, quien citó que 28 años después de su publicación, 85 por ciento de las obras ya ni siquiera se producen comercialmente.
Por esta razón, aseguró García, el Estado debe buscar que las obras lleguen lo más pronto posible al dominio público, sin sacrificar la vida digna y beneficios adecuados derivados de su creación, pero permitiendo que nuevo conocimiento, música, cine y otras artes se inspiren en el existente y construyan algo nuevo.
Asimismo, la senadora Antares Vázquez Alatorre apoyó la legitimidad de que un autor pueda vivir de su obra, pero consideró necesario diseñar mecanismos para que esto no obstaculice el acceso a la información y el conocimiento.
Que México sea un caso único por la duración de su término de protección también impacta en que obras que entraron al dominio público en otros países no puedan ser aprovechadas en la nación, como es el caso del trabajo de George Orwell, que ya se encuentra en el dominio público en la Unión Europea.
Finalmente, expusieron los participantes, la incertidumbre jurídica obstaculiza el acceso al patrimonio cultural y la labor de instituciones públicas como museos y bibliotecas, que no saben cómo estar seguras que una obra o no se encuentra ya en el dominio público, lo que ocasiona una pérdida del conocimiento.
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