La ciudad de Portland, en Maine, endureció la ordenanza local que prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial por la policía y agencias locales, tras aprobar una nueva iniciativa impulsada desde la sociedad civil a principios de año.

Esta nueva ordenanza no podrá ser revocada en menos de 5 años, además de que impone compensaciones civiles por un mínimo de mil dólares si se viola la disposición. También se establece que violar la disposición puede ser la base de suspensión o despido para personas empleadas por la ciudad, informó The Verge.

En agosto de este año, Portland se sumó a Boston, San Francisco y su homónima en Oregon como ciudades que han prohibido el uso de esta tecnología debido a las preocupaciones que existen sobre la falta de precisión para identificar a personas de piel oscura, mujeres y personas trans o que no tienen una identidad sexogenérica binaria.

La Unión Americana por las Libertades Civiles aplaudió la aprobación de la legislación local y celebró que Portland se unió a las ciudades que han pasado sus propias ordenanzas para impedir el uso de esta tecnología por oficiales de gobierno.

“Esta tecnología de vigilancia racista no tiene lugar en nuestras comunidades”, señaló en agosto la organización.

La discusión sobre el racismo y la amenaza que representa el reconocimiento facial para derechos y libertades ha resurgido a raíz de las masivas protestas por el asesinato de George Floyd y del movimiento Black Lives Matter.

Irónicamente, esta misma tecnología ha sido utilizada por gobiernos locales en Estados Unidos para perseguir, identificar y arrestar a manifestantes que participaron en protestas contra el racismo en ciudades como Miami, Carolina del Sur, Filadelfia y Nueva York.


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