Los regímenes de recolección y retención masiva de datos del Reino Unido, Francia y Bélgica no son compatibles con la legislación europea, ya que fallan en respetar salvaguardas fundamentales a derechos como la privacidad, determinó hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
Asimismo, el Tribunal determinó que la Ley Europea aplica también cuando los gobiernos nacionales obligan a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a procesar datos, incluso si se persiguen objetivos de seguridad nacional, argumento que utilizó el gobierno de Reino Unido.
Esta sentencia es una importante victoria contra la vigilancia masiva e indiscriminada, ya que reconoce que este tipo de vigilancia, al tratar a todas las personas como sospechosas, pone en riesgo derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como los de privacidad, protección de datos y libertad de expresión.
En 2015, Privacy International demandó la recolección y uso masivo de datos de comunicaciones por las Agencias de Seguridad e Inteligencia del Reino Unido (GCHQ, MI5 y MI6); mientras que en el caso de Francia, La Quadrature du Net, French Data Network, y la Fédération FDN (proveedores de acceso a Internet sin fines de lucro) también demandaron la anulación de una provisión regulatoria de Francia sobre retención de datos y dos leyes de inteligencia y vigilancia internacional que permitían la retención indiscriminada de datos personales, acceso en tiempo real a datos y otras medidas.
“La sentencia de hoy refuerza el imperio de la ley en la Unión Europea. En estos tiempos turbulentos, sirve como recordatorio de que ningún gobierno debería estar por encima de la ley. Las sociedades democráticas deben poner límites y controles a los poderes de vigilancia de nuestra policía y agencias de inteligencia”, declaró la directora jurídica de Privacy International (PI), Caroline Wilson Palow.
Como antecedente a la sentencia, en enero de 2020, el Abogado General del TJUE emitió opiniones sobre la determinación que debería tomar el Tribunal, sugiriendo que la recolección masiva es incompatible con la Ley de la Unión Europea, tanto para el caso del Reino Unido, como en el de Francia.
Ahora, estará del lado de las cortes supremas de cada país la determinación de cómo implementar la sentencia del TJUE.
