Brigitte Vézina, gerente de políticas públicas de Creative Commons, expuso ante el Senado la necesidad de una modificación profunda de las recientes reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor. La organización hizo un llamado al Senado para crear un marco regulatorio balanceado que reconozca el derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura y al conocimiento.

La representante consideró que las modificaciones que se hicieron al marco legal del país claramente benefician solamente a los titulares de derechos y a la industria; previenen los usos legítimos de propiedad intelectual; y obstaculizan la creación y compartición de la cultura y el conocimiento en línea.

Asimismo, Vézina señaló que la ley expande el alcance y rigidez de las protecciones al derecho de autor, especialmente a través de las medidas tecnológicas de protección. lo que previene el uso legítimo que se permite bajo ciertas limitaciones y excepciones.

“Un sistema de derecho de autor sesgado a los intereses de las grandes industrias solamente puede conducir a establecer más barreras en torno al conocimiento y la cultura, lo que podría ralentizar el desarrollo económico, social y cultural de México”, aseguró Brigitte Vézina.

También opinó que la LFDA no se adapta a las necesidades y actividades legítimas de las instituciones que manejan patrimonio cultural, como las galerías, bibliotecas, archivos y museos; y corre el riesgo de exacerbar las desigualdades y restringir los esfuerzos para brindar acceso al conocimiento y la cultura, incluyendo el material en el dominio público, desde el sector cultural.

Creative Commons considera que la ley mexicana debe garantizar de forma absoluta excepciones y limitaciones aplicables en el espacio digital, como la reproducción con objetivos de preservación; uso de trabajos en catálogos de exhibición; uso de obras huérfanas y trabajos fuera del comercio; uso educacional y privado (investigación y copia privada) y procesamiento de texto y datos con propósitos no comerciales y comerciales.

De igual manera, la ley debe permitir la elusión de las medidas tecnológicas de protección para garantizar el ejercicio de los derechos de las y los usuarios y contrarrestar efectos adversos en el dominio público.


Imagen de Gobierno CDMX (CC0 1.0)