Las iniciativas de reforma del senador Ricardo Monreal para la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pretenden la imposición del mecanismo de notificación y retirada, un sistema de censura digital contrario a la libertad de expresión e inconstitucional.
Este sistema, conocido en inglés como notice and takedown, obliga a los proveedores de servicios de Internet a retirar cualquier contenido o publicación que haya sido acusada de violar los derechos de autor, sin necesidad de que la persona denunciante tenga que presentar prueba alguna de la infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene. De no atender la solicitud, el proveedor del servicio corre el riesgo de ser castigado.
De esta forma, cualquier aplicación, servicio o plataforma en Internet deberá remover el contenido o publicación que presuntamente viole el derecho de autor. Las personas afectadas podrían hacer una “contranotificación” para restaurar el contenido, sin embargo, el contenido debe permanecer censurado si quien realizó la notificación presenta una demanda civil o penal por la supuesta infracción a derechos de autor.
Históricamente, este mecanismo ha sido abusado para remover contenidos y publicaciones de interés público, lo que atenta contra los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. En México, por ejemplo, el gobierno del presidente Peña Nieto censuró un vídeo de YouTube en 2015, utilizando el sistema de notificación y remoción sin que existiera ningún tipo de infracción de derecho de autor.
Además, la propuesta también promueve la instalación de filtros automatizados para evitar que los contenidos retirados vuelvan a ser subidos. Este tipo de mecanismos son problemáticos porque son incapaces de distinguir si el contenido es usado bajo alguna limitación al derecho de autor; llegando a casos tan ridículos como retirar vídeos de personas que ejecutan fragmentos de piezas musicales en el dominio público.
Es importante recalcar que el Senado está decidiendo imponer este mecanismo, en tanto México no está obligado a adoptar a notificación y remoción por contravenir la Constitución. En su lugar, el país podría utilizar esquemas como el de notificación y notificación, utilizado por Canadá –también adscrito al T-MEC– y que requiere de la autorización de un juez para proceder con la remoción de contenidos.
Imagen de Gero Nagel (CC BY 4.0)
