El espacio público es todo aquel lugar físico que no es de carácter privado y que está abierto a todas las personas. Para entenderlo, debemos partir de la dicotomía público-privado que lo delimita; según cómo la concibamos, entenderemos de forma diferente a la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales y el ejercicio de otros derechos.
Ni todo lo que pertenece a la esfera privada está exento de una evaluación pública —por ejemplo, si existe violencia doméstica en una relación privada, donde el Estado debe intervenir—, ni todo lo que se manifiesta en el ámbito público implica una pérdida del derecho a la privacidad —una persona podría manifestarse en el espacio público de manera anónima, por ejemplo—.
El espacio público tiene dos dimensiones: una material y una política. La primera refiere al espacio, infraestructura, elementos físicos, etcétera, de un lugar que es público (un parque, las calles); la segunda corresponde a la acción humana, el nivel simbólico y el espacio de participación donde las personas se encuentran como agentes morales con derechos, intereses y una voz para expresarlos. En la dimensión política entran en juego las prácticas, los usos y los hábitos de las personas y los grupos de una sociedad, así como las normas sociales que existen entre esos grupos.
El espacio público es fundamental para la democracia porque ahí ejercemos muchos derechos y damos sentido a principios que toda democracia debe respetar, tales como la igualdad, la participación, la inclusión y la no discriminación. Hablamos del lugar donde la ciudadanía y la identidad encuentran un espacio para la autoafirmación, el esparcimiento y la reivindicación.
Sin embargo, esto sólo puede ser posible si el espacio público es libre, abierto e incluyente, lo que implica que no esté apropiado por intereses ni por grupos privados, ni controlado por el gobierno de manera en que las libertades de las personas sean coartadas o en que algunos de los principios democráticos sean negados.
La videovigilancia en el espacio público y la democracia
El poder del Estado y del mercado pueden convertir un espacio público en algo cerrado, excluyente y discriminatorio, tanto material como políticamente —tanto en lo concreto como en lo simbólico— y reflejar la desigualdad social y cultural; pero también puede ser un espacio empoderador que dé, a su vez, legitimidad democrática por ser un espacio de intercambio de ideas, formación de opinión y fiscalización del poder estatal.
Si el encuentro y la deliberación están limitadas, la voz de la sociedad civil no puede formarse libre y democráticamente; sin esta voz, los gobiernos se quedan hablando solos y pierden la legitimidad democrática que da la deliberación pública. Cuando las voces en el espacio público se silencian, la democracia se vacía de contenido y se pierde un espacio que es neurálgico para mediar entre el Estado, la economía y la sociedad.
¿Cómo es un espacio público no democrático? Es uno donde alguna desigualdad (económica, de género, racial, etcétera) se reproduce material y políticamente: espacios cerrados, accesibles solo a personas privilegiadas económica o socialmente; o uno donde las libertades y los derechos no pueden ejercerse plenamente, tal como sucedería si la libertad de expresión, la privacidad o la participación fueran violentadas por el Estado o por algún grupo privado.
Esto es exactamente lo que pasa cuando un Estado se convierte en un Estado policial; cuando el vínculo con la ciudadanía es a partir de y por medio de la vigilancia, no solo del ámbito privado sino también del espacio público. Si la privacidad es algo que nos acompaña a todas partes —una potestad de decidir qué excluir de la atención de los otros y un poder de mantener nuestra información bajo nuestro control— incluso cuando estamos en las calles o cuando navegamos por Internet, un espacio público vigilado de esta manera impide ejercer este derecho y excluye a las personas que quieren participar sin renunciar a él (o que lo hacen cotidianamente desde el anonimato).
Todo sistema de videovigilancia implica inevitablemente el control del espacio público y, con esto, un impedimento para el anonimato y una vía rápida para el silenciamiento de voces que únicamente florecen si el espacio es libre y abierto. La realidad del control es particularmente agresiva para los grupos que están subalternizados y que sufren situaciones de injusticia, ya que el uso del espacio público está relacionado cotidianamente con el ejercicio del derecho a la protesta social, como sucede con los pueblos indígenas que se oponen a megaproyectos o las mujeres que protestan en contra de la violencia machista.
Sin importar el uso que se dé a los datos personales que una cámara de videovigilancia toma en el espacio público, esa observación permanente crea una presión que puede limitar las formas de expresión. La vigilancia inhibe a la libertad de expresión. Cuando el Estado observa todo el tiempo y en cada movimiento, decir lo que pensamos, sentimos o sufrimos puede convertirse en una carga difícil de cargar.
Abusos de la videovigilancia en el espacio público
Los sistemas de videovigilancia captan masivamente información identificatoria de las personas (es decir, datos personales). La falta de controles, la opacidad y la existencia de incertidumbre legal respecto de la operación de dichos sistemas ponen en peligro los datos y la seguridad de las personas. Estos sistemas permiten conocer patrones en sus vidas, sus relaciones, seguirlos a sus trabajos, sus hogares, sus templos y sus clínicas de salud. Esta intrusión alcanza las vidas de ciudades enteras y puede ser explotada de muchas maneras.
Tal como ocurre con otras prácticas de vigilancia estatal, es común que los datos personales recabados mediante estos sistemas terminen en manos equivocadas. Una gran cantidad de videos de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, por ejemplo, son compartidos con noticieros televisivos. En otro ejemplo, en Estados Unidos se detectó el uso de la videovigilancia gubernamental en casos de acoso y de extorsión de personas por sus preferencias sexuales. Estos y otros actos son violaciones a las leyes que regulan el uso de esta tecnología y la protección de datos personales, porque no respetan los principios de consentimiento o finalidad. La operación opaca de dichos sistemas imposibilita la detección de abusos, incentivando su mal uso.
Pero esto es solo el comienzo. La persecución y opresión de manifestantes o actores incómodos al gobierno, a partir del uso incorrecto de los datos personales obtenidos mediante la vigilancia del espacio público, es otro ejemplo del mal uso de estos sistemas. En China, el reconocimiento facial, junto con otro tipo de tecnologías de vigilancia, ha permitido al gobierno reprimir de manera sistemática a millones de personas por razones étnicas y perseguir a asistentes de manifestaciones contrarias al régimen. En Ecuador, el sistema de videovigilancia de Quito se ha utilizado para vigilar y oprimir a opositores.
La incorporación de nuevas tecnologías como el reconocimiento facial u otros sensores hace que el abuso de la videovigilancia estatal raye en lo distópico. La posibilidad de identificación y seguimiento de todas las personas en el espacio público es incompatible con el derecho a la privacidad: significa el fin del anonimato y puede incluso afectar la presunción de inocencia. Todas las personas somos sospechosas en el espacio público vigilado, sin importar lo que hayamos hecho.
Las ciudades impactan en los cuerpos, las percepciones y las acciones de quienes las habitan. Las ciudades controladas por la videovigilancia afectan las experiencias de sus habitantes, reprimen la expresión de la identidad y limitan el encuentro y la diversidad (sexual, cultural, política), tanto simbólica como políticamente. Cuando el lugar para la inclusión y la canalización de la inconformidad o la disidencia es controlado por la visión del Estado policial, las libertades se cercenan, las personas pierden y la democracia se convierte en su contrario.
Santiago Narváez es investigador en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, enfocado principalmente en temas de privacidad y vigilancia.
Vladimir Chorny es investigador asociado a R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, especializado en temas como derechos humanos, democracia, desigualdad y libertad de expresión e Internet.
Imagen de Ana Rolón
