Organizaciones que defienden el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas pidieron en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que se establezcan medidas de protección y procesos de valoración documental para evitar la destrucción de documentos que se buscan hacer públicos a través del “Acuerdo de transferencia de documentos históricos”.

Las organizaciones firmantes: R3D:Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19, Ciudadanos por la transparencia, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Escuela Mexicana de Archivos y la Red por la Rendición de Cuentas señalaron que aunque positivo, el acuerdo deja “en manos de las dependencias obligadas el proceso de valoración, selección y transferencia de documentos sin establecer medidas que eviten la destrucción de documentos sensibles en su posesión”.

Además, las organizaciones consideraron que la amplitud del acuerdo permite a las dependencias obligadas a decidir arbitrariamente sobre qué es un “archivo histórico”, una “violación de derechos humanos” o un “acto de corrupción”, por lo que sugirieron al presidente la apertura de un proceso de participación ciudadana para que la academia y la sociedad civil puedan hacer “recomendaciones puntuales” sobre los lineamientos, mecanismos y normativa que deriven, con base en estándares internacionales.

Con la finalidad que el acuerdo realmente contribuya a los derechos a saber y a la verdad para la sociedad y las víctimas, las firmantes plantearon una serie de puntos adicionales para su implementación.

Por ejemplo: la generación de un Registro Nacional de Expedientes sobre violaciones de derechos humanos, persecución política y casos de corrupción; establecer mecanismos de acceso que respeten la privacidad y protejan a testigos y víctimas de la inteligencia estatal; basarse en la Ley General de Archivos que entrará en vigor en junio de 2019; un procedimiento de acceso claro, sencillo y accesible para las personas interesadas; transferir completamente el archivo del extinto CISEN al Archivo General de la Nación (AGN); hacer los documentos transferidos de acceso público irrestricto; un acompañamiento independiente para las tareas de valoración y transferencia, las cuales deben ser llevadas a cabo por personal especializado y ajustar el presupuesto del AGN para poder manejar, organizar y poner a disposición del público todos los archivos.

Finalmente, las organizaciones señalan que es responsabilidad del Estado crear una política integral que garantice a las víctimas y a la sociedad el acceso a la verdad sobre las últimas cinco décadas en materia de violaciones a derechos humanos, memoria y rendición de cuentas y así convertir al derecho a la verdad “en un paso indispensable para alcanzar la justicia, y a partir de ahí garantizar la no repetición de violaciones graves a derechos humanos”.

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Imagen de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CC BY-SA 2.0)