Los gobiernos a través de Europa están endureciendo sus políticas migratorias para permitir el uso y extracción de metadatos de los teléfonos de miles de migrantes que buscan asilo en el continente.
En 2017, Alemania y Dinamarca reformaron sus leyes migratorias para permitir la extracción de metadatos de peticionarios de refugio, como mensajes, historial de ubicación y también metadatos de aplicaciones como WhatsApp; en Bélgica y Austria también se ha propuesto una legislación similar y el Reino Unido y Noruega lo han hecho por años, de acuerdo con Wired.
Durante la crisis de refugiados, los teléfonos inteligentes se convirtieron en la principal herramienta de miles de personas que cruzaban de Asia y África al continente europeo, ya que les permitían conocer rutas más seguras o cómo evadir a la policía y controles fronterizos.
Sin embargo, ahora, estos dispositivos podrían ser utilizados en contra de los mismos migrantes, con el objetivo de comprobar información en las solicitudes de asilo; por ejemplo, para comprobar el punto de entrada que tuvieron a la Unión Europea, que de acuerdo con el Reglamento de Dublín, es donde los solicitantes deben realizar su trámite.
En los seis meses que ha estado vigente la nueva legislación, el gobierno alemán ha revisado 8 mil teléfonos de solicitantes de asilo, mientras que en el último año ha deportado a 7 mil personas a través del Reglamento de Dublín.
El gobierno danés, incluso, puede solicitar contraseñas de Facebook para revisar perfiles y conocer más a los solicitantes, aunque, aseguran, no es un procedimiento que se realice en todos los casos.
Para grupos defensores de derechos humanos y derechos digitales, es peligroso que la información de metadatos o los perfiles de redes sociales de quienes buscan refugio sean utilizados para determinar su estatus, ya que pintan una realidad paralela que puede competir contra el relato de los solicitantes.
“Están utilizando al teléfono para convertirlo en un testimonio más fuerte que la historia que la persona está preparada para revelar. No tiene precedentes”, explicó a Wired el director ejecutivo de Privacy International, Gus Hosein.
