A mediados de noviembre, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció el inicio de un procedimiento administrativo contra los responsables de tomar una imagen de la pirámide de Kukulkán, en la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, con un dron.
Supuestamente, la imagen tomada por el fotógrafo César Mendiburu violó diversas leyes, como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; la Ley Federal de Monumentos; la Ley General de Bienes Nacional y la Ley Federal de Derechos, ya que no pagó derechos al Estado Mexicano, ni pidió autorización para hacer la toma, explica un artículo en Verne de El País.
El fotógrafo habría tenido que pagar 10 mil 227 pesos por tomar video o filmar y 5 mil 113 pesos por fotografiar con “equipo especial”, como se puede leer en la sección de trámites de la dependencia. El INAH argumentó que a Verne que la imagen es ilícita porque “fue realizada en un horario donde no estaba abierta al público […] es allanamiento de un sitio arqueológico de la nación, es como entrar a un museo de madrugada”.
La imagen fue publicada originalmente en Reddit y, de acuerdo con el medio, acumuló más de 247 mil vistas en tan solo tres días y apareció en portadas de medios nacionales e internacionales, pero poco tiempo después fue retirada de redes sociales.
Según el comunicado del INAH, citado textualmente por La Jornada Maya, “[…] el material dado a conocer en el portal Reddit fue publicado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y específicamente los Artículos 38, 39 y 40, de su Reglamento, por lo que el INAH ha iniciado la integración de un procedimiento administrativo para determinar las sanciones que corresponden”.
Iván Martínez, oficial de incidencia de R3D, explica que “las disposiciones relativas a la salvaguarda del patrimonio artístico nacieron en un contexto específico, en los años setenta. No son consonantes a la manera en que se produce conocimiento y se comparte en la actualidad”, por lo que la medida tomada por el INAH no es proporcional.
“Dado el impacto mediático de la fotografía, el INAH ha hecho un anuncio de que investigará el caso, pero en una primera evaluación no hay nada que perseguir en tanto no haya lucro”, explica Martínez. “Poner a disposición del público la fotografía de una zona arqueológica en una red social no incurre en ninguna falta; y aunque si lo fuera, este tipo de reacciones no salvaguardan el patrimonio, sólo reproducen disposiciones y actitudes innecesarias”, señala el oficial.
