La presidencia de Paraguay vetó una ley que buscaba registrar a los usuarios de dispositivos móviles a través de huellas dactilares y, en caso de no hacerlo, desconectarlos en un plazo de un año.
Esta ley fue creada bajo la justificación de que ayudaría a disminuir los robos de identidad en el proceso de activación de las líneas de teléfonos móviles, pero fue rechazada tras la presión de organizaciones, sociedad civil e incluso iniciativa privada.
La organización TEDIC, así como el Relator Especial sobre libertad de expresión de la ONU, David Kaye, consideraban a la ley “que regula la activación del servicio de telefonía móvil” como un riesgo para el anonimato de los usuarios de telefonía móvil por la recopilación masiva de datos biométricos y a los derechos de privacidad y libertad de expresión.
El veto, considera Privacy Internacional, debe tomarse como una noticia positiva en medio de un contexto internacional en que otros países están tratando de aumentar sus capacidades de vigilancia.
Este tipo de legislaciones se han querido justificar bajo la excusa de otorgar una mayor seguridad a la población; sin embargo, no respetan principios como la proporcionalidad y la necesidad y, en cambio, permiten el rastreo y monitoreo de la población, vulnerando sus derechos.
“En conjunto con una diversa red de organizaciones, hemos venido manifestando nuestra preocupación en torno a estas iniciativas, que parecen contagiarse entre países sin tener en cuenta algo básico: que la privacidad no afecta la seguridad, sino que es presupuesto de ella.”, concluye Francisco Vera Hott, oficial de Privacy International, en el texto.
Imagen original de Max Píxel.
