Tres organizaciones de los Estados Unidos (la Unión Americana de Libertades Civiles, su filial en Massachusetts y la Electronic Frontier Foundation) presentaron una demanda contra las revisiones fronterizas de smartphones, laptops y otros dispositivos electrónicos en este país.
De acuerdo con los demandantes, la medida es inconstitucional e increíblemente intrusiva, ya que nuestros dispositivos electrónicos guardan parte sustancial de la información de nuestra vida y una revisión a estos podría ser muy reveladora.
Dos agencias federales son las encargadas de conducir estas revisiones: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, las cuales pueden hacer esperar a las personas durante horas, descargar los datos de un teléfono para una revisión posterior e, incluso, confiscar el dispositivo para hacer una revisión de semanas o meses.
Al conducir estas revisiones, el gobierno de los EE.UU. estaría ignorando una sentencia de la Suprema Corte, que en un caso de 2014 determinó que para que la policía pudiera revisar los datos contenidos en teléfonos tras un arresto, era necesario contar con una orden judicial.
En los últimos dos años, el número de revisiones a dispositivos sin órdenes judiciales ha aumentado de forma alarmante, de 8 mil 503, en 2015, a 19 mil 033, en 2016, y, tan solo en la primera mitad de 2017, 15 mil revisiones.
Las organizaciones también alertan que las revisiones pueden tener efectos negativos para la libertad de expresión, ya que si las personas creen que sus dispositivos pueden ser revisados al regresar al país, pueden comenzar a restringir el uso de estos para hablar sobre algunos temas o manejar cierta información.
“Nosotros no perdemos nuestros derechos constitucionales cuando regresamos a los Estados Unidos del extranjero. Si agentes gubernamentales quieren revisar los dispositivos electrónicos de una persona, pueden pedirle a un juez por una orden. Es lo que demanda la constitución.”, concluyen las organizaciones.
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