Piden a la Unión Europea revisar sus leyes sobre exportación de software de vigilancia

Jul 21, 2017 | Privacidad, Seguridad

Una carta firmada por varias organizaciones no gubernamentales -entre ellas Privacy International, Amnistía International y Accessnow– pide a los gobiernos de la Unión Europea revisar y actualizar las leyes que permiten la exportación de Software de vigilancia, pues se le sigue vendiendo a países con un pobre historial en respeto a Derechos Humanos.

Dicha carta es oportuna dado que desde 2011 la sociedad civil alertó que software hecho en la región se vendía a los gobiernos del medio oriente y probablemente fuera usado en contra de activistas participantes en las protestas de la primavera árabe. La Comisión Europea ya propuso medidas que podrían bloquear su comercialización a violadores de Derechos Humanos, pero los miembros de la Unión no las han implementado a cabalidad.

En México el caso más relevante fue el de Hacking Team -revelado en 2015 por esta organización-, una compañía Italiana que vendía software de intervención de dispositivos privados a instancias del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales, sin asegurarse de que existiera el marco legal para proteger a la ciudadanía de espionaje sistemático e indiscriminado.

Lamentablemente México no está solo en este tipo de denuncias. Gobiernos como el de Bahrain, Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Macedonia también han sido acusados de espiar y acosar a defensoras y defensores de Derechos Humanos con software europeo, sin que se hayan tomado medidas para evitarlo.

Para ello, en la carta se propone la adopción de políticas claras como fortalecer la defensa de Derechos Humanos a todos los niveles, que la normativa cubra a todas las tecnologías de vigilancia relevantes, hacer obligatoria mayor transparencia en los negocios de las compañías dedicadas a fabricarlas y comercializarlas y uniformar los criterios de exportación en todos los países miembros.

Los firmantes piden que todos los gobiernos reconsideren los reportes donde se prueba el mal uso que ciertos países dan a esta tecnología y suspendan toda transacción antes de que derive a graves violaciones a los Derechos Humanos.

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