El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al gobierno federal que aclare públicamente las acusaciones “por actos de espionaje sobre periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos”.
En un posicionamiento público, el CPC explicó que, de ser ciertas las acusaciones hechas en el reportaje publicado por The New York Times y la investigación realizada por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Socialtic, Articulo 19 y el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, se habría incurrido en una serie de delitos de corrupción.
- 1) Ejercicio indebido de servicio público, por afectar gravemente el patrimonio o intereses de diversas dependencias de la administración pública federal. [Artículo 214, fracción III del Código Penal Federal].
- 2) Uso indebido de atribuciones y facultades, por aplicar fondos públicos de manera distinta a la que estuvieren destinados o por realizar un pago ilegal. [Artículo 217, fracción III del Código Penal Federal].
- 3) Peculado, por distraer de su objeto dinero o cualquier otro bien perteneciente al Estado, o bien, por utilizarlos de manera indebida a fin de denigrar a cualquier persona. [Artículo 223, fracciones I y II del Código Penal Federal].
El CPC pidió, además, a las autoridades correspondientes que publiquen los contratos celebrados para la adquisición de software de espionaje (entre estos, Pegasus); los gastos hechos para su adquisición; y el marco jurídico que justificó su adquisición y uso.
Por la gravedad de las acusaciones, el comité solicita al gobierno que instruya a los Gobierno de la República que instruya a los órganos internos de la Procuraduría General de la República, CISEN y SEDENA, y a la Visitaduría de la PGR, que inicie las investigaciones para determinar si funcionarios internos incurrieron en estos actos de corrupción.
