Ante un escenario en que la libertad de expresión en Internet está más amenazada que nunca, los Estados y entidades privadas deben responsabilizarse y tomar acciones para proteger este derecho fundamental en línea, asegura David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU.
La opinión de Kaye emana del último reporte anual de su oficina, en el que señala una serie de amenazas para la libertad de expresión en línea, como las deliberadas interrupciones del servicio de Internet, la vigilancia estatal en Internet y los ataques a la neutralidad de la red a nivel mundial.
Entre las recomendaciones para prevenir estas amenazas, Kaye pide a los estados y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU trabajar sobre la relación entre la interferencia a la privacidad y la libertad de expresión; y remarca que al menos los Estados deben asegurarse que las medidas de vigilancia sean autorizadas por autoridades judiciales independientes e imparciales que certifiquen que son necesarias y proporcionales.
Además, el reporte recomienda a los Estados proporcionar medidas de protección para los actores privados, pero sin beneficiarlos, prohibiendo también que ellos puedan interferir con la libertad de expresión, por ejemplo, priorizando contenido o aplicaciones a cambio de beneficios comerciales.
Simultáneamente, los actores privados (desde proveedores de servicios de Internet, hasta empresas dedicadas a desarrollar dispositivos de conectividad, como routers) deben tomar acciones para garantizar un mayor respeto y protección a los derechos humanos de sus clientes, como la transparencia, diseño orientado e inclusión de los participantes interesados, como la sociedad civil, en los procesos de toma de decisión.
Además, los actores privados deben también tomar medidas para no caer en presiones de gobiernos que vayan en detrimento de los derechos humanos y prevenir o mitigar el impacto a estos provocado por sus actos.
