R3D presenta amicus curiae contra el “derecho al olvido” ante máximo tribunal de Francia

Abr 21, 2017 | Libertad de expresión

En 2014, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL, Comisión nacional sobre la informática y las libertades, en español) de Francia le ordenó a Google remover 21 enlaces de su buscador, a petición de un ciudadano francés que invocó el (mal llamado) “derecho al olvido”.

En un inicio, Google removió los enlaces de la versión francesa de su buscador, así como otros en la Unión Europea, pero la CNIL demandó un bloqueo mayor. Google reaccionó bloqueando los enlaces de las búsquedas realizadas por usuarios europeos, aún si no utilizaban las versiones locales del servicio (como google.com).

Sin embargo, para la CNIL, la remoción de enlaces debe tener un efecto global, argumentando que los resultados de búsqueda no pueden estar disponibles para ningún usuario a nivel internacional, sin importar desde qué país accede a Google. Además, la comisión le impuso una multa de 100 mil euros a la empresa.

Por esa razón, 18 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, hemos presentado un amicus curiae ante el máximo tribunal de Francia, el Conseil d’État (Consejo de Estado, en español), debido a las graves implicaciones que tiene la postura de la CNIL para los derechos humanos en todo el mundo.

La CNIL ha impuesto, unilateralmente, drásticas restricciones al derecho a la libertad de expresión, al imponer el mal llamado “derecho al olvido” en países que no reconocen esta figura. La decisión de la CNIL daña, sobre todo, a la protección de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo.

Por tanto, las organizaciones señalamos al Consejo de Estado que, a través de leyes locales restrictivas, los gobiernos de los países emergentes ya están tratando de restringir las libertades en Internet, solicitando a las compañías la remoción de contenidos. Por tanto, la orden de la CNIL establece un precedente peligroso, pues abre la puerta a que autoridades nacionales en otros países pudieran imponer restricciones globales a la libertad de expresión mediante acciones basadas solamente en sus propias leyes.

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