- En el Foro para la Gobernanza de Internet, el director ejecutivo de R3D señaló que la vigilancia estatal hacia la sociedad civil afecta el diálogo.
- “Difícil avanzar mientras nos ofenda más que se diga en este foro que un gobierno espía a sus ciudadanos, que el espionaje mismo”: Luis Fernando García.
Durante su participación en la sesión principal “Derechos humanos: ampliando la discusión”, en el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF), Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, indicó que la vigilancia que realiza el Estado mexicano compromete el diálogo entre las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet.
“¿Cómo es posible considerar a las partes del diálogo en una situación de igualdad si un actor de esta mesa espía al otro?”, cuestionó García, en referencia a los hallazgos del informe “El Estado de la Vigilancia: Fuera de Control”, donde se documenta que gobiernos y dependencias ejercen acciones de vigilancia de manera opaca y sin rendición de cuentas. García también apuntó que será difícil avanzar en el diálogo, “mientras nos ofenda más que se diga en este foro que un gobierno espía a sus ciudadanos, que el espionaje en sí mismo”.
Durante su intervención, el director de R3D resaltó que en México, 99% de las solicitudes de autoridades para acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones se han llevado a cabo sin autorización judicial. Así mismo, recordó que México es el principal cliente de malware sofisticado de vigilancia de Hacking Team y que el gobierno de Jalisco –sede del foro– gastó en 2014 más de 700 mil euros en este equipo intrusivo.
Según solicitudes de información hechas a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y al Consejo de la Judicatura Federal, dicha fiscalía solicitó únicamente dos veces (una en 2014 y otra en 2015) una autorización judicial para intervención de comunicaciones. Por lo tanto, “o el gobierno del Estado utilizó el equipo sin contar con una orden judicial, de forma ilegal, o se gastó 374 mil euros en cada una de las intervenciones que realizó, un gasto público desproporcionado”.
Más adelante, García señaló que es diferente la vigilancia en países “donde existe un sistema de pesos y contrapesos”, a naciones que “copian cosas de los países desarrollados y solo las pegan en sus legislaciones”. Igualmente, calificó como “una forma de colonialismo” las presiones de la Unión Europea y los Estados Unidos para imponer sus visiones legales, tales como el mal llamado derecho al olvido o el sistema de notificación y retirada.
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