La nueva iniciativa de Ley General de Archivos que se discute en el Senado de la República representa una amenaza a la cultura de transparencia y rendición de cuentas en México, un proyecto que busca controlar de manera política el acceso a la información pública e histórica en el país.
Académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil han alertado y rechazado ampliamente la iniciativa, de la que consideran especialmente grave dos partes, como explica Mauricio Merino en El Universal, la intención de controlar políticamente la gestión de los archivos a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y el afán de censurar información de sus contenidos.
La ley permitiría al gobierno decidir qué información producida por el gobierno no es relevante y puede ser “dada de baja”, cuál debe ser reservada o tratada como confidencial, además da un periodo de dos y tres años, para los archivos federales y estatales, respectivamente, para realizar ese proceso en los documentos que ya son parte de los archivos históricos.
De esta forma y en un afán de “proteger” el derecho a la privacidad y datos personales de personajes que han sido parte de la historia de México, y que podrían tener siglos muertos, se puede cortar el acceso a información de interés público.
Como señala Antonio Martínez Velázquez en una entrada de su blog, los documentos que ahora pueden parecer cotidianos, en el futuro pueden tener un alto valor histórico, revelar patrones políticos, de aplicación de la justicia o simplemente el registro e identificación de sitios que ya no existen.
Estas determinaciones estarían bajo el ala de la Segob, actualmente encargada tanto de la política interna como el combate a la delincuencia a nivel federal. La dirección del Sistema Nacional de Archivos quedaría a disposición del Presidente de la República, lo que podría politizar las decisiones sobre la naturaleza de los documentos.
“[…] estaríamos ante los umbrales de la creación del Ministerio de la Verdad que imaginó Orwell en 1984, habríamos cancelado una buena parte de la historia de México —la que se está haciendo ahora y la que incomoda nuestro pasado reciente— y se estaría cancelando, legalmente, la base misma de los sistemas que quieren garantizar el derecho a saber y combatir al peor de los males que han aquejado al sexenio que corre”, sentencia Merino.
