Un reporte de inteligencia británico advirtió en 2010 que la inmensa cantidad de información que están recolectando los servicios de inteligencia no está sirviendo para combatir los peligros del terrorismo y prevenir futuros ataques, de acuerdo con un borrador del reporte de inteligencia en posesión de The Intercept.
Las revelaciones se dan en un contexto de fuerte debate en el Reino Unido por la iniciativa pendiente de aprobación conocida como Ley de Poderes Investigativos, que obligaría a los proveedores de Internet y servicios en la red a recolectar una enorme cantidad de datos sobre sus usuarios para que las agencias de seguridad e inteligencia británicas pudieran acceder a ellas.
Además de ser extremadamente invasiva y violatoria de libertades y el derecho a la privacidad de sus ciudadanos, la iniciativa presupone un enorme gasto para el gobierno, financiado por los impuestos de los británicos.
En marzo pasado, organizaciones civiles denunciaron que el costo de recolección y almacenaje de información como está propuesto en la iniciativa de ley, sería de cerca de mil millones de libras esterlinas.
Ahora, el reporte filtrado expone que estas operaciones, además de extremadamente costosas, sino inútiles.
“Si nuestras agencias se han arriesgado a perder de vista ‘inteligencia para salvar vidas’ ¿cómo pueden justificar hacer su red más grande a través de la tóxica Ley de Poderes Investigativos”, aseguró Silkie Carlo, el oficial de incidencia de la organización por la defensa de los derechos humanos londinense Liberty.
Otro reporte sobre el Servicio Secreto británico (mejor conocido como MI5) de 2010, citado por The Intercept, da cuenta de que salvo investigaciones de alta prioridad, los investigadores reciben una gran cantidad de información sin procesar.
“Existe una falta de balance entre la capacidad de recolección y la de explotación, lo que da como resultado un fallo en hacer un uso efectivo de la inteligencia recolectada hoy”, asegura el reporte.
No solo el MI5 enfrenta este problema. Otro reporte de 2009 da cuenta que cerca del 97 por ciento de los datos y llamadas recolectadas por el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico no son analizados.
Estas informaciones no solo crean grandes interrogantes alrededor de la implementación masiva de la vigilancia por parte del gobierno británico, sino que además lo ponen en una perspectiva sobre su utilidad y verdadera función.