Tras una negociación que duró dos años, el gobierno australiano desechó la posibilidad de implementar un sistema antipiratería de tres strikes (también llamado “de respuesta gradual”), por considerarlo como excesivamente oneroso.
En este esquema, los representantes o poseedores de derechos de autor notifican a los proveedores de Internet cuando detectan que alguna dirección IP está compartiendo o descargando archivos marcados como ilegales.
Los ISP notificarán a los usuarios asociados con las direcciones IP e incluirán una advertencia para que se cese la actividad. A la tercera advertencia pueden iniciarse acciones legales, como una demanda.
Pero todo este proceso es largo y costoso, ya que depende de un seguimiento, la creación de las notificaciones físicas o electrónicas e incluso personal para responder ante quejas y reclamos por notificaciones injustificadas.
De acuerdo con el medio CNET, los ISP no vieron con buenos ojos la carga financiera que representaba el procesamiento de las peticiones y notificaciones, y al no alcanzar un acuerdo, prefirieron sepultar el tema hasta abril de 2017.
Anteriormente, el presidente de Village Roadshow, Graham Burke, había asegurado que existía la posibilidad de desarrollar un sistema automatizado que controlara masivamente las peticiones, pero la idea también fue rechazada por los proveedores de Internet.
Este tipo de sistemas ha sido criticado ampliamente por organizaciones que defienden los derechos digitales alrededor del mundo, ya que se le considera como unilateral, incentiva la persecución y, además, pueden incluir castigos no proporcionales o multas muy altas.
Por ejemplo, Electronic Frontier Foundation criticó esquemas similares en los Estados Unidos por incluir la posibilidad de negar el servicio de Internet a los usuarios, so pena de multas o acciones legales contra los proveedores de Internet.
Las demandas pueden convertirse también en un incentivo para bufetes de abogados o compañías que se dedican a perseguir a pequeños infractores y alcanzar arreglos monetarios sin llegar a un juicio justo.
Esta clase de políticas es poco eficiente porque tampoco considera otras posibilidades dentro del derecho de autor, como el uso legítimo de algún contenido o producto.
