La Ley de Acceso a la Cultura y Materiales de Estudio en Uruguay, una ley que buscaba acercar a miles de estudiantes universitarios del país sudamericano a materiales académicos de fácil acceso y bajo costo, pende de un hilo.
Esta legislación, cuya iniciativa había sido aprobada por el senado uruguayo en abril, también buscaba beneficiar a bibliotecas públicas y limitar las acepciones del derecho de autor, cambiándolo de responsabilidad penal al ámbito civil.
Pero un nuevo documento en el que se muestran las posiciones de tres principales actores en la ley: la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) y la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), podría dar un giro a la iniciativa y disminuir sus alcances.
De acuerdo con Creative Commons Uruguay, las modificaciones a la iniciativa, incluso, tendría un alcance negativo para las bibliotecas, instituciones educativas y cerca de 50 mil estudiantes de la nación.
Entre los cambios se eliminaría la posibilidad de copiar contenido protegido por derecho de autor para uso personal, una de las propuestas más significativas incluidas en la iniciativa de ley, ya que afecta por igual a las copias digitales o análogas.
Además, una persona que no esté lucrando ni creando daño financiero a algún autor sería demandable por daños monetarios por hasta 45 mil dólares estadounidenses o cárcel. Esta disposición incluye prácticas inocuas y socialmente extendidas como descargar archivos sin pretender distribuir o lucrar con contenido protegido.
Las bibliotecas, quienes adquirían un estatus legal y eran protegidas en la anterior propuesta, ahora estarían limitadas únicamente a prestar al público trabajos escritos y a reproducir hasta 30 páginas de una obra protegida. La misma restricción en el número de páginas copiadas aplicaría solo para “materiales educativos” en instituciones públicas, las privadas y las comunitarias no podrían hacerlo.
No solo la iniciativa anterior contempla a las instituciones privadas y comunitarias, sino que la excepción es en sí restrictiva, debido a que la noción de “materiales educativos” es restrictiva, argumenta CC Commons Uruguay.
La nueva propuesta también limitaría el uso y aparición de obras de arte en otros trabajos como películas, dibujos, fotografías e incluso maquetas 3D, limitando severamente la creatividad artística e intelectual. A esto se le denomina “libertad de panorama”.
El documento creado se perfila como dañino para usuarios, el público, las instituciones de educación privada y pública y las bibliotecas. No solo recorta las provisiones más amigables y enfocadas en el usuario, sino que elimina conceptos que contenía la iniciativa aprobada en el senado.
Éste buscaba reconocer el derecho al conocimiento, la cultura y volverse un impulso para los estudiantes uruguayos, un proyecto, que CC incluso llamaba una actualización al siglo XXI de la ley.
