Una corrección a las reglas de procedimiento para delitos de las cortes federales en Estados Unidos podría otorgar capacidades al gobierno de acceder a teléfonos y tomar control de dispositivos de forma remota.
La Regla 41 del Reglamento Federal de Procesamiento Criminal, que establece la forma en que todas las cortes federales de los EE.UU. deben operar, incluyendo desde la corrección de errores hasta los días de vacaciones, ha sido modificada y constituye un peligro para los derecho digitales de sus ciudadanos, alertó Electronic Frontier Foundation (EFF).
El cambio otorgó poderes a cualquier juez federal para emitir órdenes que le permitan acceder remotamente, decomisar o copiar información relevante para un crimen si ésta se encuentra resguardada de alguna forma en el dispositivo.
“Un juez magistrado,con autoridad en cualquier distrito donde puedan haber ocurrido actividades relacionadas a algún crimen, tiene autoridad de emitir órdenes para usar acceso remoto para registrar medios de almacenamiento electrónico y decomisar o copiar información almacenada electrónicamente que se encuentre dentro o fuera de su distrito si: el distrito donde el medio o la información están localizados se hayan ocultado a través de medios tecnológicos”, se lee en la modificación a la Regla 41.
Ésta primera parte implica que cualquier persona utilizando VPN o Tor para proteger su privacidad o seguridad puede caer en este renglón, peor aún, incluso quienes no permitan a su smartphone compartir su ubicación o cambien la configuración de país de su perfil de Twitter son susceptibles.
Pero la segunda parte de la corrección a la Regla 41 es igual de preocupante.
“En una investigación de una violación al Código de Leyes en su Título 18 Fracción 1030 el medio es una computadora protegida que ha sido dañada sin autorización y se encuentre en cinco o más distritos”.
Si una computadora es infectada por un malware y se vuelve parte de una botnet, una red de computadoras que ejecutan un programa o envían información de forma automatizada, el gobierno tendría la autorización para acceder a ésta, decomisar o infiltrarla de otra forma.
Cualquier persona puede ser víctima de un malware, lo que implicaría que además de haber sufrido ya una infiltración de su equipo, el gobierno de EE.UU. podría infiltrarlo nuevamente.
Además, la regla no afectaría solo equipos o dispositivos en los Estados Unidos, sino que tiene el potencial de expandir los poderes de vigilancia y espionaje fuera de las fronteras de este país.
Ya que expande la jurisdicción de un juez para alcanzar a cualquier computadora del mundo en el que se esté usando alguna tecnología para proteger su privacidad o incluso que sin saberlo se ha convertido en parte de una botnet.
Las personas no necesitan una razón para utilizar tecnología que ayude a cuidar su privacidad, pero existen grupos vulnerables que lo hacen de forma cotidiana, como periodistas, víctimas de violencia, minorías y que, a través de esta ley, quedarían expuestos.
Las modificaciones hechas a la Regla 41 son ilegales, argumenta EFF, ya que al ser parte de procedimientos no deben de cambiar ningún derecho de forma sustancial. En cambio, la Regla 41 se puede convertir en una expansión de los poderes del gobierno sin una discusión parlamentaria de por medio.
El Congreso de EE.UU. tiene hasta el 1 de diciembre para cambiar o rechazar las modificaciones propuestas a la Regla 41.
