El pasado martes 2 de mayo, un tribunal del estado de Sergipe, noreste de Brasil, concedió un amparo que terminó con el segundo bloqueo, en seis meses, de la aplicación WhatsApp en el país sudamericano.
La aplicación llevaba un día sin funcionar debido a que el juez Marcel Maia Montalvão, también de Sergipe, determinó que WhatsApp estaba entorpeciendo una investigación penal sobre narcotráfico y ordenó su suspensión por 72 horas.
Este es la tercera acción de la justicia brasileña en contra de la compañía en los últimos tres meses, las cuales incluyen dos bloqueos y el arresto del vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, Diego Dzodan.
Al igual que el arresto de Dzodan, la orden emitida por Montalvão se basa en la creencia de que WhatsApp tiene un acceso ilimitado a las comunicaciones que se realizan a través de su aplicación y se respalda “legalmente” en una supuesta proporcionalidad.
Pero, de acuerdo con Javier Pallero, analista de políticas de Access Now, organización que promueve los derechos digitales en el mundo, para la aplicación es prácticamente imposible entregar el contenido de los mensajes, cifrados de extremo a extremo.
Además, los bloqueos se vuelven una estrategia completamente desproporcionada, ya que afecta a los cerca de 100 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil, quienes no pueden recibir y producir información a través de la aplicación.
Los bloqueos de aplicaciones y sitios, al igual que de Internet, son enérgicamente condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, por, precisamente, ser considerados como desproporcionados.
“La interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este.”, dice el artículo 6, inciso b del documento.
Brasil, en cambio, está en proceso de normalizar y facilitar los bloqueos a través de un conjunto de iniciativas que supuestamente buscan combatir el ciberdelito.
La propuesta de ley facultaría a jueces a obligar a proveedores de Internet a bloquear el acceso a aplicaciones que no tengan una representación legal en Brasil y que sean usadas “principalmente” para la comisión de delitos (aunque aparentemente existiría una excepción para las aplicaciones de mensajería), explica Pallero.
Ésta constituye además un acto de censura previa. En una carta enviada al congreso brasileño, firmada por más de mil personas, Pallero recuerda a los legisladores que los únicos tipos de discurso que no cuentan con protección del derecho a la libre expresión en Internet son la propaganda de guerra, la apología del odio como incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio y la pornografía infantil.
Pallero concluye el escrito asegurando que el combate de crímenes comunes, incluida la violación a los derechos de autor, no otorga un sustento legal a las medidas de bloqueo propuestas, como argumenta la iniciativa.
A pesar de los argumentos del analista de Access Now, Brasil ya aprobó a inicios de año el bloqueo de señales de celulares en áreas en las que se conduzcan operativos por seguridad durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, a realizarse en Agosto de este año.
La persecución y tácticas de intimidación usadas en contra de WhatsApp parecen ser un mensaje de las autoridades judiciales brasileñas, en un momento en que el país sudamericano se juega mucho en el renglón de las libertades en Internet.
