Las filtraciones de Edward Snowden, entre otros famosos y reconocidos informantes (whistleblowers), desnudaron al entramado de la vigilancia estatal a los ojos de políticos y ciudadanos de distintos países alrededor del mundo.
Snowden no solo reveló la dimensión, extensión y secrecía de las operaciones que realiza el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), sino que provocó que se cuestionaran sus métodos y legalidad.
También es importante preguntarse si tenemos que esperar a otro whistleblower para conocer las actividades de este tipo de agencias, finalmente ¿quién vigila a quienes nos vigilan?
En los EE.UU., la NSA, CIA y FBI se manejan con un nivel de secrecía que impresiona incluso a los encargados de hacer las leyes y quienes, precisamente, estarían encargados de establecerles límites y regular su accionar.
“¿Comenzarán a compartir información comprensiva sobre sus actividades, para que los servidores públicos electos tengan la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre si la vigilancia universal es necesaria o constitucional? O ¿continuarán obstruyendo nuestros esfuerzos para entender estos programas y nos forzarán a depender en la información prevista por whistleblowers quienes corren un riesgo sustancial para diseminar esta información sobre violaciones a nuestra libertad en un ambiente de hostilidad creciente?”, se cuestiona el congresista Alan Grayson en una artículo escrito para el diario The Guardian.
Los EE.UU. son uno de los ejemplos más importantes por la dimensión de su aparato de vigilancia, pero no son el único país que falla en este renglón.
En julio de 2015, más de de mil 500 correos electrónicos e información de la empresa italiana de desarrollo de software espía Hacking Team salieron a la luz. Entre los clientes del spyware de la firma se encontró a distintas dependencias y estados del gobierno mexicano.
Instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y estados como Jalisco y Puebla, entre 16 estados, habían firmado contratos millonarios para comprar software de espionaje, que posteriormente se comprobó ya había sido usado. No solo incurrieron en un acto de ilegalidad al espiar sin órdenes judiciales a ciudadanos o rivales políticos –como fue el caso del PAN en Puebla– sino que tanto los gobiernos estatales como la Sedena no están facultados para la obtención y operación de estas herramientas.
Sin las filtraciones de Wikileaks sobre el Hacking Team no se sabe cuánto tiempo hubiera pasado para que las personas en México supieran sobre las acciones que emprendieron los gobiernos local y federal. Además, éstas permitieron conocer que entre sus clientes se encontraban gobiernos autoritarios o acusados de violaciones a los derechos humanos.
Otro ejemplo de la falta de control y regulación sobre las agencias de seguridad e inteligencia estatales es el nivel de cooperación entre el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ) británico y la NSA. Snowden, incluso, señaló a las actividades del GCHQ como “peores que las de los EE.UU.”.
De acuerdo con The Guardian, los documentos indicarían que el gobierno del Reino Unido tiene la capacidad de recolectar y analizar masivamente datos de sus ciudadanos, y que la cantidad que recolecta de Internet ha incrementado en un 7 mil por ciento en los pasados cinco años.
Además, el GCHQ estaría desarrollando, en conjunto con los EE.UU., sistemas que podrían obtener información personal desde aplicaciones y smartphones o incluso atacar a un dispositivo “en cualquier lugar y momento”.
En los tres casos, las estrategias de vigilancia y recolección de dato asumen a todos los individuos, indiscriminadamente, como criminales y vulneran su privacidad y al mismo tiempo los exponen a más peligros.
No se sabe qué cuidados se tienen con estas bases de datos, ni siquiera qué clase de información contienen, más importante no parecen ser proporcionales ni métodos correctos, ya que priorizan la recolección por sobre un trabajo de investigación policial y con las salvaguardas de la ley.
