El doctor en leyes de la Universidad de Ottawa, Michael Geist, analizó durante 50 días los problemas que representa el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) en materia de propiedad intelectual, derechos de autor y políticas digitales para Canadá y otros países firmantes del tratado.
Geist descubrió, entre otras cosas, que el TPP promueve un enfoque punitivo de la protección a los derechos de autor y la propiedad intelectual; además, puede debilitar políticas que buscan promover el derecho a la privacidad y no contiene candados para asegurar la neutralidad de la red.
Los países firmantes del TPP (México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Malasia, Perú, Vietnam, Chile, Singapur y Brunei) tendrán que adoptar una política que da preponderancia al derecho de autor, como normalmente se hace en los Estados Unidos, sobre el dominio público.
Esto provoca que las disposiciones que estén enfocadas en los usuarios sean solamente opcionales, como en el caso de los tratados sobre propiedad intelectual, de los cuales los países tienen que ratificar al menos nueve, pero no se incluye entre los obligatorios al Tratado de Marrakech, el cual incentiva el acceso al conocimiento de las personas con discapacidad visual.
El TPP promueve la expansión de los derechos de autor, incluyendo los candados digitales a la tecnología y las penas criminales por su manipulación o uso con propósitos personales; incluso, impulsa la aplicación de procesos como el “notice-and-takedown” (notificación y dado de baja), el contenido que supuestamente infrinja derechos de autor puede ser dado de baja de una página web tras una denuncia, una táctica que se presta a abusos y que puede vulnerar la libertad de expresión.
Los estándares propuestos para defender la neutralidad de la red en el TPP también son muy deficientes, escribe el canadiense, la mitad de los países superan lo propuesto por el tratado en defensa de la neutralidad de la red, y, advierte Geist, incentiva la intervención de los gobiernos locales en la gobernanza de Internet.
En el renglón de la privacidad, el tratado no ofrece garantías que eviten a algún gobierno la búsqueda de algún gobierno tratar de obtener una “puerta trasera” al cifrado, ofrece la posibilidad de que los violadores de éstas puedan asumir compromisos en lugar de cumplir penas por delitos.
Actualmente, el TPP se encuentra a la espera de ser ratificado por cada uno de los 12 firmantes, un periodo que puede durar hasta dos años. En el caso mexicano, la discusión sobre su ratificación llevaría a cabo en el Senado en septiembre de este año, los senadores tendrá que considerar estos aspectos que vulnerarían los derechos digitales de millones de mexicanos.
