La falta de voluntad política y la debilidad ante intereses comerciales de algunos gobiernos en la Unión Europea (UE) provocan la marginación de las personas con discapacidad visual en esta región del mundo.
El Tratado de Marrakech, firmado en 2013, busca permitir que exista una uniformidad en las excepciones a las leyes de derechos de autor a nivel internacional para permitir que los libros sean transformados a un formato para los débiles visuales y ciegos, como letras más grandes, Braille o audiolibros.
Pero para su entrada en vigor se requiere de la ratificación de al menos 20 de los 79 países firmantes. La ratificación de la UE es importante por el tamaño de la comunidad con discapacidad visual, casi 30 millones, y por el volumen de libros para ésta que podría exportar a países en vías de desarrollo.
Desde su gestión, el Tratado de Marrakech ha enfrentado la presión de lobbys y diversos grupos de empresarios.
Dos de sus principales argumentos en contra, de acuerdo con la eurodiputada del Partido Pirata, Julia Reda, eran el desmesurado privilegio que representaba para las personas con discapacidades beneficiarse de la obra intelectual, sin que así lo hicieran los titulares de ésta, y el temor a que sentara un precedente contra la industria de los derechos de autor, especialmente en casos que involucren a un grupo desfavorecido.
Actualmente, la mayor traba para el tratado se encuentra dentro de la misma UE, con su potencia política y económica, Alemania, como principal obstáculo en las negociaciones internas para su ratificación.
La no ratificación de este tratado, que podría afectar favorablemente a un grupo minoritario en la población debería ser una prioridad a nivel mundial, pero su empantanamiento representa, en cambio, una fuerte vulneración del acceso al conocimiento para esta comunidad en favor de preservar los intereses comerciales de un grupo privilegiado.
