¿Qué hacen organismos como el Instituto Nacional Electoral o la Unidad de Inteligencia Financiera solicitando datos de usuarios a las empresas telefónicas? A raíz de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las compañías de telefonía móvil indican que ha habido un incremento en el número de solicitudes de información. Pero la cantidad no es todo: también se han diversificado las instancias que hacen estas peticiones.
Una investigación periodística de Joanna Zuckermann y Christine Murray señala que en 2014, las solicitudes de información sobre llamadas telefónicas incrementó a 55 mil, un aumento de 25% respecto a 2013. Esta subida coincide con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que preocupa tanto a activistas como a las mismas empresas proveedoras de servicios.
Uno de los grandes problemas es la carencia de controles sobre quién solicita esta información y con qué fines. De acuerdo con el artículo de Zuckermann y Murray, publicado en Reuters Canadá, solamente tres por cierto de las solicitudes fueron revisadas por un juez federal; el resto fue dejado a criterio de las telefónicas.
Además, las operadoras pueden ser castigadas por negarse a entregar los datos a las autoridades, lo que genera un incentivo perverso para esta práctica e inhibe que las empresas se nieguen a proveer esta información. Tampoco existe una notificación para aquellas personas cuyos datos son solicitados, ni hay manera de que se enteren de que alguna autoridad pidió información sobre su actividad telefónica.
México también carece de un reporte que indique el número de criminales que han sido capturados como resultado de estas medidas de vigilancia. En pocas palabras, el país adolece de mecanismos que permitan una aplicación justa y proporcionada de las solicitudes de datos telefónicos, así como de rendición de cuentas y de medición de resultados.
Es preocupante que en el artículo citado, ninguna de las dependencias comentó sobre el incremento de estas peticiones; en algunos casos, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se argumentaron motivos de seguridad nacional para mantener la opacidad. Mientras tanto, empresas como Telefónica, AT&T y América Móvil señalan que estas facultades deben ser limitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debido a la vaguedad de la redacción.
Así, la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones parece haber incrementado, en la práctica, el número de solicitudes por parte de autoridades. Sin que exista un control adecuado de este mecanismo como una orden judicial, el riesgo para la privacidad de los usuarios es contundente, sobre todo, ante los problemas de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada en los distintos niveles del gobierno mexicano.
Al respecto de cómo las operadoras en México actúan ante las solicitudes de datos por parte de autoridades, también puede consultarse el informe ¿Quién defiende tus datos? de R3D y la Electronic Frontier Foundation.
