Organizaciones y personas expertas hacemos un llamado a las delegaciones de los Estados participantes en la sesión de clausura del Comité Ad Hoc de las Naciones Unidas, para garantizar que la propuesta de Convenio sobre Ciberdelincuencia se enfoque estrictamente en la lucha contra la ciberdelincuencia y no se utilice como una herramienta para socavar los derechos humanos en el entorno digital. De no incluir estos cambios significativos dentro del Convenio, este debería ser rechazado.

Los grupos de la sociedad civil que hemos colaborado en el proyecto aportamos tiempo y conocimientos para mejorarlo y adaptarlo plenamente a la legislación y normas vigentes sobre derechos humanos, los principios de la Carta de la ONU y el Estado de derecho, así como las mejores prácticas para proporcionar seguridad jurídica en los esfuerzos por mejorar la ciberseguridad. 

Lamentablemente las leyes nacionales y regionales sobre ciberdelincuencia se utilizan, con demasiada frecuencia, para perseguir injustamente a periodistas, personas dedicadas a temas de seguridad, para reprimir la disidencia e incluso para perseguir a alertadores o whistleblowers, lo que pone en peligro a las personas defensoras de derechos humanos, además de limitar la libertad de expresión en todo el mundo y justificar una vigilancia estatal innecesaria y desproporcionada.

El último borrador de la propuesta de Convenio, que debe estar finalizado en febrero de 2024, no aborda muchas de nuestras principales preocupaciones ni cuenta con salvaguardas o limitaciones sólidas para evitar abusos, por lo que creemos que si el texto del Convenio es publicado tal como se encuentra ahora, el riesgo de abusos y violaciones de los derechos humanos aumentará exponencialmente y nos dejará con una Internet menos segura.

Nuestras principales preocupaciones sobre el texto son: 

• El texto es excesivamente amplio en el alcance de la gama de actividades que se exige a los Estados criminalizar. 
• Incluyen delitos cibernéticos y otros delitos relacionados con el contenido, lo que crea inseguridad jurídica mediante una referencia abierta a delitos contemplados en otros “convenios y protocolos internacionales aplicables”. Este alcance demasiado amplio genera el peligro de que el Convenio se utilice para criminalizar la expresión legítima en línea, lo que probablemente creará impactos discriminatorios y profundizará la desigualdad de género.
• No incorpora lenguaje suficiente para proteger a los investigadores de seguridad, alertadores, activistas y periodistas de una criminalización excesiva. 
• Contiene referencias insuficientes a las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
• Carece de una integración efectiva de la perspectiva de género, que es fundamental para garantizar que el Convenio no se utilice para socavar los derechos humanos por motivos de género.
• Propone crear regímenes jurídicos para supervisar, almacenar y permitir el intercambio transfronterizo de información, de una manera que podría socavar la confianza en las comunicaciones seguras e infringir las normas internacionales de derechos humanos. 
• Permite un intercambio excesivo de información para la cooperación policial, más allá del ámbito de investigaciones penales concretas y sin salvaguardas de datos

El Convenio únicamente debe avanzar si persigue un objetivo específico de lucha contra la ciberdelincuencia sin poner en peligro los derechos humanos, las libertades fundamentales de quienes pretende proteger y si tiene especial cuidado de no socavar los esfuerzos por mejorar la ciberseguridad en aras de una Internet abierta. 

El actual proyecto dista mucho de este objetivo y no cuenta con los requisitos básicos, por lo que debe ser revisado exhaustivamente, enmendado o rechazado. Por esta razón, hacemos un llamamiento a todas las delegaciones estatales para:

• Limitar el ámbito de aplicación de todo el Convenio a los delitos ciberdependientes específicamente definidos e incluidos en su texto.
• Asegurarse de que el Convenio incluya disposiciones que garanticen que los investigadores de seguridad, alertadores, periodistas y defensores de los derechos humanos no sean perseguidos por sus actividades legítimas, protegiendo actividades de interés público.
• Garantizar que los estándares de protección de datos y derechos humanos -incluidos los principios de no discriminación, legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad- sean aplicables en todo el Convenio.
• Incorporar la perspectiva de género en su conjunto y en cada artículo que hable sobre los esfuerzos por prevenir y combatir el delito cibernético;
• Evite respaldar cualquier disposición de vigilancia de la que se pueda abusar para socavar la ciberseguridad y el cifrado. 

Al respecto, Grecia Macias, abogada de R3D, menciona que “la redacción actual del tratado supone un retroceso a los derechos humanos, en especial para la región latinoamericana que ha luchado por salvaguardas que protejan efectivamente la libertad de expresión y la privacidad durante años”. 

“En principio, este tratado tenía como objetivo generar mayor seguridad en el entorno digital, pero la redacción actual supone que es más un tratado de vigilancia que desprotege a migrantes, mujeres periodistas y personas de la comunidad LGBTIQ. Los Estados deben de asegurarse que el texto final proteja los derechos de las personas y si esto no ocurre, evitar respaldar este tratado”, concluye Macías.

Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino