El mecanismo de solución de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS) es un sistema que permite a las compañías extranjeras demandar a los países en cuyos territorios realizan negocios como aquellos pertenecientes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los que, en caso de aprobarse, integrarían Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Los ISDS, sin embargo, significan un problema grave para la democracia y los derechos humanos.
Los ISDS cuentan con poderes desproporcionados sobre la base democrática de un Estado, ya que sus decisiones están por encima de los sistemas judiciales, los congresos y el poder ejecutivo; es además un mecanismo sin mayor transparencia y cuyas decisiones y procedimientos, son en muchas ocasiones secretos. El periodista Chris Hambi presentó un amplio reportaje al respecto.
Uno de los principales recursos de los ISDS es que pueden incluso obligar a los países a cambiar sus regulaciones internas en un amplísimo rango de temas, pero esto resulta especialmente pernicioso cuando estas buscan proteger derechos, como ha sucedido con Argentina y su política macroeconómica; Australia con su lucha contra el tabaquismo y Costa Rica y sus leyes de preservación medioambientales.
Cuando una compañía transnacional utiliza el ISDS para demandar a un Estado, normalmente se crea un tribunal ad hoc conformado por tres abogados, uno designado por cada parte y un tercero acordado por ambos. Los tres participan solamente en ese caso y al llegar a una decisión el tribunal se disuelve.
De acuerdo con un artículo de Todd Tucker, escrito para The Washington Post, uno de los mayores problemas que implica el ISDS en el TPP es que otorgaría mayor fuerza legal a los inversionistas para atacar regulaciones en los países firmantes.
Este es una de las partes más polémicas del TPP durante su discusión en el Congreso de los Estados Unidos en 2015. Incluso las dos cámaras trataron de evitar su inclusión, pero fallaron. Personajes políticos como Tim Kaine, el compañero de fórmula de Hillary Clinton y la senadora demócrata Elizabeth Warren también lo han criticado abiertamente.
Warren ha asegurado en repetidas ocasiones que el ISDS obliga a los países a cambiar sus regulaciones al imponer severas multas o compensaciones económicas para los inversionistas.
“Una vez que un grupo de árbitros independientes, cuya decisión no puede ser apelada, puede emitir una multa monetaria de cualquier tamaño, ahí es cuando surge el problema (…) ISDS da un trato especial a las corporaciones gigantes, un trato que nadie más tiene”, explicó Warren en una entrevista con The Washington Post.
Las preocupaciones no son gratuitas: para naciones como México, el ISDS podría implicar una pérdida de soberanía, aunada a los otros derechos y libertades que el TPP echaría para atrás.
