Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el 19 de agosto la implementación del programa “Ojos que te cuidan”, que tendrá un costo inicial de 345 millones 681 mil pesos y, a través del cual se instalarán 30 mil 400 nuevas cámaras de videovigilancia, para alcanzar la cifra de 113 mil 814 videocámaras en la ciudad.

Brugada señaló que el objetivo del programa es que la Ciudad de México se convierta en la ciudad más videovigilada del continente americano, duplicando además el número de cámaras de la ciudad de Nueva York y triplicando las que tienen Chicago y Río de Janeiro. Este drástico incremento ha sido una estrategia constante de los gobiernos de la ciudad, pasando de 15 mil cámaras en 2018 a 83 mil en 2024.

La jefa de gobierno asegura que las cámaras “generan a la propia ciudadanía la percepción de seguridad, de que unos ojos nos están observando”, aludiendo que la videovigilancia previene los problemas de inseguridad. Sin embargo, la evidencia contradice que las cámaras disuaden la comisión de delitos. Por ejemplo, Iztapalapa, –donde había 2,293 cámaras en 2020– fue el municipio con más secuestros en el país entre octubre de 2019 y octubre de 2020, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Contrario a las afirmaciones de Brugada, múltiples experiencias han demostrado que el incremento de las capacidades de videovigilancia representa un grave riesgo para los derechos humanos. Lejos de contribuir a una sensación de seguridad, el incremento en la videovigilancia aumenta el riesgo de vulneración de derechos, ya que es posible identificar mucha de nuestra información sensible, que incluye los lugares que visitamos o donde realizamos nuestras actividades diarias, con quién hablamos o con quienes nos reunimos, creando un entorno de vigilancia permanente, hostil para la expresión de críticas políticas y disidencia.

La expansión de la videovigilancia en el espacio público genera una observación permanente que puede inhibir la libre expresión de ideas. Esta vigilancia masiva obstaculiza el uso del espacio público para el ejercicio del derecho a la protesta social, como ha sucedido recientemente en la ciudad con las diversas movilizaciones en contra de la gentrificación, la violencia machista o el genocidio en Gaza, por mencionar algunas.

Este riesgo de identificación se acentúa con las tecnologías de reconocimiento facial. Si bien no se ha hecho explícito si las nuevas cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México cuentan con estas capacidades integradas, existe evidencia de su uso por parte del gobierno capitalino, ya que desde 2019, el C5 opera cámaras con reconocimiento facial en la Central de Abastos. Así mismo, el actual coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, ha mencionado la integración de sistemas de videovigilancia basados en Inteligencia Artificial en la estrategia de seguridad. 

En otros estados del país, como Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes, las autoridades han abusado del reconocimiento facial para la identificación de personas que participan en contexto de protesta; mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, la videovigilancia se está utilizando para  la persecución y detención de personas migrantes en su territorio nacional. 

La falta de controles, la opacidad y la falta de certidumbre legal respecto de la operación de los sistemas de videovigilancia también ponen en peligro los datos y la seguridad de las personas. Esta intrusión alcanza las vidas de ciudades enteras y puede ser explotada de muchas maneras. A lo anterior, habría que sumarle los riesgos de intromisiones por parte de grupos delictivos, filtraciones de datos personales sensibles y extorsiones por parte de las propias autoridades.

Además, la expansión de las medidas de videovigilancia se da en un contexto de ampliación de las facultades federales de control y vigilancia poblacional, como la implementación de la CURP biométrica obligatoria y la creación de la Plataforma Única de Identidad, así como la capacidad de las autoridades acceder sin restricciones a bases de datos y registros a través de la Plataforma Central de Inteligencia.

Convertir a la Ciudad de México en la urbe más videovigilada de América Latina –y una de las más vigiladas del mundo– no debería ser motivo de orgullo, sino de preocupación por una política pública que normaliza las invasiones a la privacidad. Se sacrifica la privacidad de las personas en nombre de la seguridad, esto bajo la premisa de que todas las personas somos sospechosas en el espacio público vigilado, sin importar lo que hayamos hecho.

Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, pedimos a las autoridades de la Ciudad de México que se abstengan de adquirir estas tecnologías y asumirlas como la solución a los problemas de seguridad pública sin antes haber realizado evaluaciones previas. 

Así mismo, es indispensable la implementación de controles independientes al programa de videovigilancia, transparencia en el tratamiento y resguardo de los datos captados, protocolos de acceso y uso a las imágenes, y la prohibición del uso de sistemas de reconocimiento facial en el espacio público. Igualmente, es necesario que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales, por lo que deben hacerse públicos los estudios de impacto en la protección de datos personales y las evaluaciones de efectividad que se hagan sobre el programa.

Imagen (CC BY) Gibrán Aquino