En julio de 2025 el gobierno mexicano, dominado en el Congreso por representantes de MORENA, aprobaron en fast-track un paquete de reformas que establecen un sistema de vigilancia sin controles democráticos cuyo objetivo es mantener un control social incompatible con nuestro derecho a la privacidad, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y la no discriminación.
Este paquete de reformas, el cual hemos denunciado categóricamente desde que fue presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, va en contra de nuestros derechos humanos e incrementa la capacidad de vigilancia por parte del Estado, otorgando facultades que antes no tenían las fuerzas armadas y otras instituciones de gobierno. Entre estas reformas, las que han levantado una mayor preocupación son:
La ley General de Población: La cual establece en el Art. 91 bis que la CURP, además de contar con la información prevista hasta ahora, incluirá huellas dactilares y fotografía, considerándola el documento nacional de identificación obligatorio. Esto establece que todas las personas en México deberán contar con ella, ya que las entidades públicas y privadas están obligadas a solicitarla para cualquier transacción y acceso a servicios, ya sean estos públicos o privados.
Ley General en Materia de Desaparición Forzada: Crea la Plataforma Única de Identidad, que recopilará y consolidará en tiempo real, según establece el Art. 12, toda la información generada por el uso de la identificación biométrica. Esto dado que nuestras actividades diarias requerirán de la presentación de esta identificación.
Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Establece la obligación de las empresas de telecomunicaciones de crear un registro de todas las líneas telefónicas asociadas a la identidad de su propietario mediante esta nueva identificación biométrica. Si alguna persona decide no asociar su identidad a su línea, las empresas estarán obligadas a bloquearla y a dejar de prestar cualquier servicio relacionado con ella.
Leyes de seguridad e inteligencia: La ley crea, según los artículos 24 y 30, la “Plataforma Central de Inteligencia”, la cual funcionará como un sistema centralizado que interconectará todas las bases de datos públicas y privadas posibles para su consulta en tiempo real, sin requerir orden judicial ni alguna otra salvaguarda que notifique a las personas cuyos datos sean consultados o para rastrear qué autoridad fue la que hizo esa búsqueda y bajo qué motivo.
Estas obligaciones de solicitud de datos incluirán a empresas internacionales y, en algunos casos, obligaciones para las empresas locales, que deberán proporcionar información a organismos o gobiernos extranjeros, ya que la Ley de Inteligencia tiene alcance internacional en los casos de cooperación entre las autoridades mexicanas y otros gobiernos, organismos o empresas, según queda registro en el Art. 39, C, iii.
Ley General de Administración Pública: las reformas aprobadas en este rubro, otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional, la facultad de llevar a cabo actividades de inteligencia “con fines de seguridad nacional”, lo que abre la puerta a la legalización de la vigilancia masiva por parte de las fuerzas armadas.
Ley De la Guardia Nacional: En el mismo tenor, esta ley puso a la Guardia Nacional bajo el control del ejército mexicano y les concedió acceso, con la modificación del Art. 44 de la Ley de Inteligencia, a la Plataforma Central de Inteligencia. Además, el artículo 9, párrafo XXVI, de la Ley de la Guardia Nacional se modificó de forma tan ambigua, que elimina los requisitos impuestos a la Guardia Nacional para obtener autorización judicial que le permita acceder a los metadatos y geolocalización de los dispositivos móviles de la ciudadanía.
Todas estas reformas fueron creadas para normalizar la vigilancia masiva e indiscriminada de toda la población, abriendo y poniendo a disposición de instituciones de gobierno y de las Fuerzas Armadas, mucha de nuestra información sensible que incluye los lugares que visitamos o donde realizamos nuestras actividades diarias, con quién hablamos, con quienes nos reunimos, etc. creando un entorno hostil para la expresión de críticas políticas y disidencia.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
