El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estado Unidos se ha traducido en una gran preocupación entre defensores de derechos civiles, donde algunas de sus principales inquietudes son la expansión de los poderes de vigilancia del gobierno, el acceso a inmensas bases de datos y el uso de tecnologías avanzadas para atacar a poblaciones vulnerables.
Con una capacidad de vigilancia fortalecida y protecciones legales debilitadas, los riesgos para comunidades marginadas—como personas LGBTQIA+, mujeres que buscan abortos, migrantes, activistas y periodistas—son exacerbados y nunca antes vistos. Si a esto aumentamos la combinación de políticas autoritarias, tecnologías de vigilancia sin control y la privatización y comercialización de la recopilación de datos, nos encontramos ante un escenario que amenaza con agravar la discriminación sistémica y erosionar derechos fundamentales.
Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de supervisión de tecnología de vigilancia (Surveillance Technology Oversight Project en inglés), declaró en una entrevista con el medio Axios: “nunca antes en la historia de Estados Unidos hemos visto una capacidad de vigilancia tan fuerte junto con protecciones tan débiles del Estado de derecho”.
Esto incluye la explotación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la Orden Ejecutiva 12333 y la creciente dependencia de corredores de datos comerciales. Estas herramientas legales permiten al gobierno recolectar y analizar grandes cantidades de información personal sin órdenes judiciales ni supervisión significativa.
Con esto, los corredores de datos o data brokers, que son empresas que recopilan y venden información sensible, como datos de ubicación, registros de salud y actividad en línea a agencias gubernamentales representan una amenaza grave a la privacidad de las personas usuarias. El más reciente caso de Gravy Analytics en el que se filtraron más de 30 millones de datos de geolocalización es una muestra de ello.
Otro ejemplo es la venta de información sobre personas que visitan clínicas de planeación parental a grupos antiaborto, lo que demuestra cómo la vigilancia puede ser utilizada como un arma contra los derechos reproductivos. De manera similar, agencias de inmigración como ICE han utilizado corredores de datos para rastrear y detener a inmigrantes indocumentados, lo que aumenta el temor de deportaciones masivas bajo un gobierno de Trump.
Pero esta expansión en las tecnologías de vigilancia bajo Trump no afectará de la misma forma a todas las personas, por el contrario, resultará en afectaciones desproporcionadas a grupos marginados como:
1. Comunidad LGBTQIA+, especialmente personas trans: Personas adultas y jóvenes trans enfrentan riesgos elevados bajo el gobierno de Trump, que en su discurso inaugural reconoció la existencia exclusiva de dos sexos, hombre y mujer y que en su anterior administración negó la atención médica de afirmación de género y los derechos LGBTQIA+.
En este caso, las herramientas de vigilancia podrían usarse para monitorear y criminalizar a personas que buscan atención médica, participan en protestas o simplemente existen en espacios públicos. Por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial, que ha demostrado tener dificultades para identificar correctamente a personas trans, podría llevar a arrestos erróneos o acoso.
2. Mujeres en busca de abortos: Desde la anulación del precedente judicial “Roe v. Wade” ya se había generado un clima hostil para los derechos reproductivos. Bajo la administración Trump, la vigilancia podría usarse para rastrear y castigar a personas que buscan abortos o brindan atención relacionada. Datos de ubicación de aplicaciones de seguimiento menstrual, historiales de búsqueda e incluso lectores de matrículas cerca de clínicas podrían ser utilizados para hacer cumplir leyes antiaborto.
3. Migrantes y solicitantes de asilo: Las políticas migratorias de Trump han apuntado históricamente a personas migrantes indocumentadas, y es probable que su administración aproveche las tecnologías de vigilancia para acelerar las deportaciones y reforzar la seguridad en la frontera. Además, este tipo de vigilancia que incluye drones y sistemas biométricos, a menudo se extienden a áreas urbanas, creando un ambiente de miedo para las comunidades migrantes.
Como se destaca en el medio The Bulletin, las tecnologías fronterizas como detectores de mentiras impulsados por IA y perros robóticos están diseñadas para controlar y excluir a migrantes, reforzando narrativas de otredad y exclusión. Este tipo de tecnología rara vez se usa para abordar problemas sistémicos como el sesgo racial entre los guardias fronterizos o las prácticas discriminatorias en los tribunales de inmigración, por lo que la aplicación selectiva de la tecnología subraya la priorización del control sobre la justicia por parte de la administración.
4. Activistas y periodistas: La administración de Trump tiene un historial de atacar a opositores políticos y suprimir la disidencia. Las herramientas de vigilancia podrían usarse para monitorear y disuadir protestas, rastrear activistas e intimidar a periodistas. Por ejemplo, los sistemas de monitoreo de redes sociales podrían desplegarse para identificar y castigar a personas involucradas en la organización de manifestaciones o en la denuncia de irregularidades gubernamentales.
