Durante la audiencia temática de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, titulada “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas”, el director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, aprovechó su participación para denunciar el monitoreo y vigilancia ilegal por parte del Ejército a personas defensoras de derechos humanos en México.
La audiencia, que reunió a 25 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en siete países de América Latina, entre los que se encontraban Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y México, tuvo como objetivo mostrar documentación y evidencia sobre esta gran problemática común en la región.
En su intervención, Luis Fernando recordó que “en América Latina se ha identificado un robustecimiento de mecanismos de vigilancia social que operan en el mundo análogo y en el digital; cómo la opacidad en la adquisición y uso de spyware, la geolocalización ilegal, el ciberpatrullaje, el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial y el acceso a datos conservados por empresas, entre otros, los cuales han fungido como mecanismos para el silenciamiento social de voces críticas al poder, en particular personas periodistas y defensoras de derechos humanos”.
Un ejemplo tangible de esto es el despliegue del spyware Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group, en Colombia, El Salvador, México y República Dominicana.
Pegasus es un spyware comercial avanzado vendido por esta empresa a gobiernos de todo el mundo, quienes incluso la califican como un “arma cibernética”, ya que da a sus operadores acceso completo a un dispositivo móvil, lo que les permite extraer contraseñas, fotos, mensajes, contactos e historial de navegación, además de activar el micrófono y la cámara para espiar en tiempo real.
En México existen diversos casos de abusos de Pegasus que tuvieron como objetivo espiar y perseguir a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas e incluso oponentes políticos de los presidentes de los últimos tres sexenios.
Entre los casos más recientes que hemos documentado, se encuentran más de 25 periodistas, como Cecilio Pineda Brito, asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con el spyware; la periodista Carmen Aristegui; familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; investigadores de la propia CIDH en el caso; e integrantes del Centro Prodh.
A ello se suman las revelaciones mediante filtraciones de documentos oficiales del Ejército mexicano -confirmadas por la propia institución y que documentamos en nuestra investigación Ejército Espía– que evidenciaron que este realiza acciones de vigilancia y monitoreo a organizaciones y personas defensoras, activistas y periodistas, catalogándoles como “amenazas” o “grupos de presión”. Todo en un contexto de creciente militarización en el país.
A pesar de que diversos organismos internacionales, como la CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, se han pronunciado en contra del despliegue de estas tecnologías, los casos permanecen en total impunidad y persiste un aumento de reportes de personas afectadas.
Recientemente se ha documentado también el uso de tecnologías de geolocalización, como es el caso del software Geomatrix de la firma Israelí Rayzone, la cual fue adquirida por la Fiscalía General de la República bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, quien utilizó la herramienta sin una orden judicial en más de una centena de ocasiones. Para conocer más de esta importante audiencia, te invitamos a ver la grabación en vivo directamente en Youtube.
Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino
