En el contexto del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de México ante la Asamblea General de la ONU, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales presentó este miércoles 29 de noviembre el informe sombra El derecho a la privacidad en México (The Right to Privacy in Mexico), elaborado en colaboración con Privacy International.

Durante su intervención en la sesión previa celebrada en Ginebra, Ana Gaitán, abogada de R3D, destacó que la legislación mexicana no cuenta con suficientes salvaguardas para prevenir que las autoridades abusen de sus facultades de vigilancia, ni existe un mecanismo capaz de detectar y prevenir la adquisición de tecnologías de vigilancia que no cumplen con los estándares internacionales en derechos humanos.

Gaitán señaló que esta situación es particularmente problemática ante la evidencia de que el Estado mexicano ha adquirido estas tecnologías, como el malware Pegasus, capaz de extraer información de un dispositivo infectado, así como acceder de forma remota a la cámara y micrófono, convirtiendo al teléfono móvil en un espía sigiloso en el bolsillo de la persona atacada.

La abogada recordó que en administraciones pasadas se han documentado más de 25 casos de espionaje con Pegasus en México en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, así como su adquisición por parte de autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional, el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (hoy, Centro Nacional de Inteligencia) y la otrora Procuraduría General de la República (hoy, Fiscalía General de la República). 

Sin embargo, a pesar del cambio de gobierno y las promesas del Presidente de que no habría más espionaje, la vigilancia ilegal en México prevalece. En 2022 y 2023, la investigación Ejército Espía expuso nuevos casos de ataques con Pegasus, atribuibles con un alto grado de certeza al Ejército mexicano, que ha abusado sistemáticamente de estas capacidades para interferir en investigaciones de periodistas y defensores de derechos humanos sobre violaciones perpetradas por las Fuerzas Armadas.

Así mismo, los propios documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional confirman sus acciones de vigilancia y monitoreo en contra de organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas, a quienes califican como “grupos de presión”. Todo esto, sin que el Ejércio cuente con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas.

En consecuencia, las víctimas de espionaje presentaron, en 2017, 2022 y 2023, denuncias penales ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) por los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas y acceso ilegal a sistemas informáticos, entre otros.

Por ello, R3D instó a los Estados Miembros participantes de la sesión del Examen Periódico Universal que recomienden a México:

• La adopción de una moratoria para la venta, adquisición, transferencia y uso de tecnologías de vigilancia, conducidas a través del hackeo de dispositivos electrónicos mediante software intrusivo, hasta que un marco regulatorio exista y su uso sea acorde con los derechos humanos. 
• El establecimiento de un grupo internacional de personas expertas que investigue, de forma autónoma e independiente, y castigue a quienes resulten responsables por la vigilancia ilegal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con el malware Pegasus.
• La adopción de reformas legales y administrativas a las facultades de vigilancia que implementen salvaguardas para garantizar que la práctica de esas actividades sea proporcional con un enfoque de derechos humanos.

De igual manera, R3D solicitó a los Estados Miembros formular las siguientes preguntas para México:

• ¿Qué progreso se ha tenido en las investigaciones penales iniciadas en 2017, 2022 y 2023 por el delito de intervención de comunicaciones privadas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas?
• ¿Qué ha hecho el gobierno acerca de las recomendaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en particular de las Relatorías de Libertad de Opinión y Expresión, relacionadas con la necesidad de una reforma al marco legal sobre vigilancia?
  

El informe The Right to Privacy in Mexico puede ser consultado en línea (en inglés).

Imagen: (CC-BY) Gibrán Aquino