La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó varios artículos del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y del Código de Justicia Militar (CJM) que permitía a las autoridades militares llevar a cabo intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos conservados por empresas de telecomunicaciones sin autorización de un juez civil.
Estas determinaciones se dieron en marco de la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales sobre la acción de inconstitucionalidad 46/2016 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos —y continúa en discusión—, el cual propuso declarar como inválidos los artículos relacionados con intervención de comunicaciones privadas y geolocalización: 299 del CMPP y 81 bis, fracción VII, y 83 fracción XIII del CJM.
De acuerdo con el proyecto del ministro Aguilar Morales, los artículos invalidados generaban incertidumbre sobre los límites de la atribución de las autoridades militares para realizar estas actividades, ya que podían afectar también a personas que no pertenecieran al “fuero castrense” sin que existiera un control previo de un juez.
“[…] no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo, lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, explica la parte del proyecto que recibió respaldo del pleno de la Corte, reportó el medio.
Además, también se invalidó el artículo 361 del CMPP, que permitía que se obligara a un testigo a comparecer usando la “fuerza pública” sin agotar otros medios —si dicho testigo citado no se presentaba o hubiera razones para creer que podía ocultarse o ausentarse—.
El pleno, en cambio, sí avaló otros artículos y fracciones; por ejemplo, las que permiten a las autoridades militares llamar a un civil a comparecer en juicios castrenses como testigos o peritos o levantar cuerpos en escenas del crimen en que haya participación de las fuerzas armadas.
Las decisiones de la SCJN se dan en un contexto de crecientes demandas por el control a las actividades de vigilancia, legales e ilegales, realizadas por la SEDENA, como el espionaje con Pegasus a periodistas, políticos y personas defensoras de derechos humanos revelados por la investigación #EjércitoEspía.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
